FREJUPA INVOCÓ “DERECHO A LA PRIVACIDAD” -
La información pública había sido solicitada por la UCR luego que el municipio informara sobre la entrega de bolsas con mercaderías a 120 familias cada 15 días y más de un centenar de viandas diarias.
El oficialismo la denegó alegando “es absolutamente ilegal dar nombres sin el consentimiento de los beneficiados”.
Fueron los concejales radicales de Winifreda quienes, a través de un pedido de informes, solicitaron acceder a la lista de las personas que son asistidas alimentariamente por la municipalidad desde que comenzó la pandemia que nos afecta a todos. Pidieron esta información luego que el presidente del cuerpo deliberativo y viceintendente, Sergio Bellendir (#Frejupa), informara que el municipio entrega bolsas con alimentos a 120 familias cada 15 días y además distribuye de manera diaria 120 o 130 porciones de comida en el comedor municipal.
En una reciente sesión ordinaria, los concejales oficialistas se pronunciaron en contra de suministrar datos personales de particulares invocando la protección del derecho a la intimidad de las personas.
La edila, María de los Ángeles Kisner, en primer término, destacó “la actitud del presidente del CD, que siempre ha tenido y demostrado compromiso, responsabilidad y apertura flexible a la hora de responder los pedidos de informes”. Luego se refirió al punto central de pedido opositor: acceder al listado de las personas asistidas. Durante la sesión pública expresó: “Es absolutamente ilegal dar los nombres sin el consentimiento de las familias. Consideramos, además, que es estigmatizante para las mismas, en este caso estaríamos difamando la dignidad de las personas y, en concordancia, se vulnera el derecho a la privacidad”. “Por tal razón, me parece inverosímil (lo solicitado) y seguimos sosteniendo que es anticonstitucional dar una lista con nombres de familias que reciben ayuda del municipio para poder cubrir sus necesidades básicas insatisfechas las cuales en este contexto excepcional que estamos atravesando se vieron en aumento”, consignó.
Los ediles de la #UCR también quisieron saber cuáles fueron los criterios aplicados para seleccionar a los vecinos asistidos. Sobre este particular, Kisner aclaró que se tomaron en cuenta “indicadores sociales y económicos de cada familia” las cuales “están en constante evaluación. Para esto confiamos en la profesional que se desempeña en el área social, no vamos a poner en duda su trabajo”. Y reiteró la negativa del gobierno municipal a “brindar el listado” de asistidos insistiendo en que “eso sería ir en contra de la ética y del secreto profesional, evadiendo la confidencialidad como un derecho y un deber que tenemos que respetar”. En cambio, aceptó que la oposición reciba “la composición” de cada bolsa alimentaria, que tiene un precio estimado en 2648 pesos. Al respecto, apuntó que la mercadería “es adquirida mayoritariamente en comercios locales; sí vamos a aclarar que cuando las compras son abruptas en determinados productos suelen realizarse en negocios mayoristas de la provincia teniendo en cuenta que la diferencia de precios es considerable”. A título personal manifestó: “Sin ánimo de ofender a nadie, no me parece para nada relevante el pedido de informes. No sé cuál es el objetivo que persiguen, pretendo y quiero creer que juzgar a las familias, no”. Cerró diciendo: “Acá la cuestión es que las 120 familias fueron y son asistidas por esta gestión municipal, que en épocas de pandemia logró salvaguardar las necesidades esenciales de todas ellas”.
Su compañero Marcos Ponce, enumeró que cada “canasta” alimentaria está compuesta por fideos, galletitas, polenta, lenteja, arroz, yerba, azúcar, arvejas, puré de tomate, leche en polvo, chocolino, gelatina, mermelada, dulce de leche, harina, aceite, leche líquida, yogur, pollos, huevos, queso fresco más frutas y verduras varias.
“Nunca planteamos la difusión”
Impresionado por la exposición de Kisner, Mario Corredera (#UCR), aseguró que “bajo ningún punto de vista nuestro objetivo es estigmatizar ni prejuzgar a nadie. Tampoco creo que sea una deshonra recibir una ayuda de la municipalidad. Además, nos ha llegado gente que no ha recibido ayuda, por eso necesitamos la información con la documentación que la respalde”. Su correligionaria Romina Mota, acotó: “Nunca planteamos difundir esos nombres, simplemente conocerlos nosotros para ejercer una función de contralor a una medida que se ha aplicado con fondos públicos”.
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