Un reciente artículo del diario La Nación, firmado por el periodista pampeano Diego Cabot, ha puesto en duda la transparencia de contratos entre universidades nacionales y el gobierno. Entre las instituciones mencionadas, figura la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), que estaría afectada por el freno a varios contratos que habían sido firmados con organismos nacionales para proyectos específicos.
La nota de La Nación, que plantea cuestionamientos sobre los fondos asignados a universidades, refleja una postura alineada con la administración de Javier Milei y busca sembrar desconfianza en los contratos que las universidades, incluyendo la UNLPam, han llevado a cabo con organismos públicos. Sin embargo, varios de estos convenios, cuya mayoría ya fueron auditados, incluyen fondos destinados a obras, programas de capacitación y consolidación de personal, y se encuentran bajo la supervisión de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Fondos Frenados y Contratos Pendientes
Uno de los ejemplos más emblemáticos citados en el artículo es el contrato de 208 millones de pesos firmado en septiembre de 2023 para “consolidar la planta de personal no docente” de la UNLPam. Estos recursos estaban destinados al personal del colegio de Realicó, que recientemente fue transferido a la jurisdicción de la UNLPam. No obstante, estos fondos no llegaron, y el gobierno de Milei los ha congelado sin explicación oficial.
Otros contratos mencionados incluyen un acuerdo con el Correo Argentino por 6 millones de pesos para gestionar el envío de documentación entre sedes universitarias, y un contrato de 2,2 millones de pesos destinado al sistema de becas educativas. Incluso se hace referencia a un millón de pesos asignado al dictado de cursos de lenguas extranjeras. Todos estos convenios, necesarios para el funcionamiento administrativo y académico de la universidad, se encuentran ahora en una situación de incertidumbre.
Debate sobre la Supervisión de Fondos
Desde la UNLPam señalan que estos contratos y convenios ya habían sido debidamente rendidos y, en caso de necesitar auditorías, están bajo el control de la Sigen, que es el organismo responsable de la vigilancia de recursos públicos asignados. La incertidumbre creada por el congelamiento de fondos no sólo afecta a la UNLPam, sino también a otras universidades nacionales, lo que genera preocupación en el ámbito académico por el impacto en programas y beneficios para estudiantes y docentes.
Esta situación plantea un desafío para la comunidad universitaria de La Pampa y otros centros educativos nacionales que dependen de estos recursos para sostener y expandir servicios educativos y administrativos. Mientras el debate sobre la gestión de fondos continúa, la UNLPam y otras universidades buscan alternativas para mantener su operatividad frente a esta incertidumbre presupuestaria.
