Sindicatos docentes de todo el país se pronuncian contra la condena a Ana Contreras y exigen su absolución

La condena impuesta a la docente Ana Cecilia Contreras en General Pico continúa generando un fuerte rechazo a nivel nacional. Ahora, la Coordinación Nacional Docente —integrada por sindicatos, seccionales y agrupaciones de todo el país— se sumó al reclamo por su absolución inmediata, al considerar que la sentencia sienta un precedente peligroso para la libertad de cátedra y el ejercicio docente.

Contreras fue condenada el pasado 9 de abril por el juez contravencional Maximiliano Boga Doyhenard a una multa de 913.800 pesos, junto con otras sanciones como la prohibición de contacto con la víctima durante un año, una amonestación formal y la obligación de realizar un seminario formativo dictado por la UNLPam. La sanción fue dictada bajo la figura de maltrato psíquico, prevista en el artículo 121, inciso 1° del Código Contravencional de La Pampa.

El fallo tuvo como eje una denuncia realizada por el padre de una alumna de cuarto año, quien sostuvo que su hija —de origen israelí— fue afectada por expresiones de la docente durante una clase en la que se abordó el conflicto palestino-israelí. Según el juez, se probó que los comentarios fueron formulados sin neutralidad, en términos que calificó como “ofensivos” y “en favor del grupo Hamas”, lo que —según el fallo— constituyó un acto de violencia psíquica hacia la alumna.

Rechazo nacional y defensa de la libertad docente

Frente a esta decisión judicial, sindicatos docentes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Chaco, Santa Cruz, Jujuy, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, La Rioja, La Pampa, Catamarca, Misiones, San Juan y Tierra del Fuego firmaron un pronunciamiento conjunto en respaldo a la docente.

“Rechazamos este avasallamiento de la libertad de expresión y de cátedra, como los posicionamientos de adoctrinamiento que pretenden imponer un pensamiento único”, expresa el texto.

Los gremios advierten que judicializar una intervención educativa en el marco de una clase genera un efecto disciplinador en toda la comunidad educativa, y que esta condena “genera temor, alarma y rechazo en la docencia, porque condiciona el qué y cómo enseñar”.

Asimismo, el comunicado pone el foco en el procedimiento judicial: “Cualquier observación sobre un proyecto áulico está contemplada en los protocolos de intervención del Ministerio de Educación. Pero en este caso, la denuncia fue tramitada por la Justicia, vulnerando el proyecto institucional de la escuela y avasallando así la libertad de cátedra y expresión”.

Un fallo con impacto político y pedagógico

El caso de Ana Contreras, que se dio a conocer públicamente días antes del fallo, ha despertado un debate profundo en la sociedad sobre los límites de la enseñanza, la libertad de cátedra, la inclusión de temas de actualidad en las aulas y el rol de la Justicia frente a conflictos pedagógicos.

Desde los gremios se plantea que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante: el uso del sistema judicial para condicionar los contenidos escolares y frenar la formación crítica de los alumnos. Señalan además que el denunciante ya había intentado frenar contenidos de Educación Sexual Integral en el mismo establecimiento, a pesar de estar garantizados por ley.

“Esta sentencia contradice los principios consagrados en la Constitución Nacional, así como tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión, de pensamiento y de enseñanza”, afirman.

En medio de este clima de tensión, los gremios y agrupaciones docentes siguen impulsando campañas públicas, pronunciamientos y llamados a la acción para frenar lo que consideran un ataque a la educación pública y democrática.