LOS CAMBIOS EN LA EL PODER JUDICIAL QUE IMPULSA NACIÓN -
El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR), analizó el proyecto de reforma judicial, que tiene la media sanción del Senado, y en breve se tratará en la Cámara Baja. Le dijo al matutino LA ARENA que es un tema sumamente complejo desde lo técnico.
«Lo vengo analizando con mi equipo, que lidera Enrique Paixao que fue secretario de Justicia -equivalente al Ministro de Justicia actual- durante la presidencia del Raúl Alfonsín, que también coordinó el equipo jurídico del radicalismo durante la reforma constitucional de 1994», aseguró.
«Lo estamos estudiando para conocer en qué análisis de situación se apoya cada una de las modificaciones que se proponen, y parece claro que algunas no están debidamente justificadas», señaló.
-¿Qué evaluación política hace, previo a que el tema se ponga en discusión en las comisiones de la Cámara de Diputados?
– Creo que es muy importante que cualquier reforma que se proyecte tenga un consenso social y un consenso político amplio, porque es el requisito para que sea exitosa, y la historia argentina así lo demuestra. La reforma del 49 no prosperó porque no alcanzó el suficiente consenso, lo mismo pasó con la del 57 y recién tuvimos en la de 1994 una reforma con posibilidades concretas de funcionar porque tenía un gran consenso político y social.
-Pero usted está mencionando reformas constitucionales que tuvo el país…
-Sí claro, pero que involucraron profundas reformas de la justicia. La del 94 creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento que modificaron todo el procedimiento de designación y remoción de jueces, y estableció la autonomía de fiscales y defensores como órgano extrapoder. No hubo mayor reforma de la justicia en la historia argentina que esa.
– En cuanto a lo técnico ¿Qué cuestiones no comparte?
– En líneas generales, no se ve que haya un análisis suficiente de las necesidades funcionales que hoy tiene el sistema. No se entiende por qué se crean muchísimos órganos judiciales, lo que parece anunciar que van a subsistir las funciones de investigación en manos de los jueces, pero en simultáneo se establece que va a entrar en vigencia el sistema acusatorio, donde esa tarea le corresponde a los fiscales.
– ¿Y puntualmente en lo que respecta a la justicia federal de La Pampa?
– El dictamen del Senado crea dos nuevos juzgados federales con especialización en lo penal y los separa de los juzgados federales que ya existen, pero de los cuales está funcionando uno solo. Es decir, en La Pampa pasarían a funcionar cuatro juzgados federales. Sin embargo, una vez más, no se conocen estudios acerca de la carga de trabajo que existe en materia federal penal, que justifique la presencia de esos dos nuevos juzgados. Hay que tener presente que la competencia federal en lo penal está limitada a muy pocos delitos, fundamentalmente contrabando, narcotráfico, trata de personas, corrupción de funcionarios federales.
– Pero también se crea una fiscalía federal, una defensoría y una Sala de Apelaciones…
– Es así, pero una discusión racional del punto hace indispensable que se haga un análisis de la relación entre necesidades y recursos que encuentro ausente.
– En síntesis, usted cree que falta información para determinar si se están por aplicar los recursos adecuadamente…
– Exactamente, porque hay que pensar que cada organismo de estos que se crea en el país tiene una gran estructura. Otra cuestión que es objetable en líneas generales es que se fija un plazo para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal que establece un sistema acusatorio, es decir, transfiere la responsabilidad de investigación desde los jueces hacia los fiscales. Entonces los nuevos juzgados penales van a pasar a ser, en poco tiempo, jueces de garantías, que en lugar de investigar van a tener como función controlar la regularidad de la investigación de los fiscales y autorizar, llegado el caso, algunos actos de coerción. Es básico que se pongan sobre la mesa los estudios que justifiquen la ampliación proyectada. La Arena
