La investigación se originó a partir de una denuncia anónima recibida en marzo de 2018 en la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa. El matrimonio está acusado de trata de personas agravada.
Se les imputa haber consumado la explotación de la víctima en un horno ladrillero entre 2007 y 2018, aprovechando su situación de vulnerabilidad.
La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, consideró “un avance la decisión de la Justicia Federal de procesar a una pareja por la explotación laboral de un hombre durante más de una década”.
En articulación con el área de Trata de la Policía Provincial y la Justicia Federal, se rescató a la víctima de violencia laboral y se inició una investigación federal, que hoy culmina en un procesamiento por el delito de trata de personas con finalidad de explotación laboral en los términos del artículo 145 bis del Código Penal.
“La trata de personas es un delito y una violación a los derechos humanos ya que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas. Las políticas públicas de promoción y protección de los derechos humanos de las personas víctimas de trata son materia de la agenda de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa, teniendo como fin profundizar la concientización, la sensibilización y la difusión a la comunidad a los efectos de prevenir y evitar la comisión de este delito”, se indicó desde la Subsecretaría.
“En concordancia con la decisión del gobierno pampeano en la lucha contra el delito la trata, desde la Subsecretaría de DDHH, como punto focal provincial de prevención, protección y asistencia de las víctimas de trata, seguimos trabajando en la continuidad de estas políticas públicas”.
Esta semana el Juzgado Federal de Santa Rosa procesó a un hombre y una mujer por trata de personas agravada en un caso ocurrido en la capital provincial. Oscar Palacios y Marta Meninger están acusados de haber captado, recibido y acogido a un hombre -de iniciales L.O.- con fines de explotación, agravado por haber mediado engaño, el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación de la víctima en un horno ladrillero donde fue reducido a la servidumbre durante más de una década. Luego de la intervención de la Secretaría de DDHH se articuló para que L.O. pudiera regresar a su provincia de origen, San Juan.
La víctima vivía en una habitación muy precaria y en condiciones indignas; los imputados lo mantuvieron en una situación de deuda constante hacia ellos y no poseía en su poder el DNI entre sus pertenencias.
