La senadora rionegrina, Silvina Marcela García Larraburu (Frente de Todos), volvió a presentar en marzo, pero trascendió en las últimas horas, un proyecto para crear una Junta Nacional de Granos.
Fuentes cercanas a la legisladora expresaron al diario La Nación que la iniciativa había perdido estado parlamentario y se representó. Es la cuarta oportunidad que lo hace, ya que también intentó con la iniciativa en 2014, 2016 y 2018. Pese a que el proyecto está de nuevo vigente y girado a comisiones, desde el entorno de la senadora aclararon que por «ahora no forma parte de la agenda de trabajo».
En el país, la Junta Nacional de Granos funcionó entre 1933 y 1991 y adquiría trigo, maíz y lino. Compraba por ejemplo trigo, le daba la mercadería a los molinos, les pagaba un almacenaje y luego les vendía el producto por debajo del precio de mercado, recordó el diario.
En el proyecto, la senadora propone crear la Junta Nacional de Granos como ente autárquico con vinculación con el Ministerio de Agricultura de la Nación con el fin de controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos, además de garantizar la provisión interna de cereales, oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo, y también tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos, o producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios.
La iniciativa habla de una fuerte intervención en el comercio: “Ejercer el control de todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos, las que deberán ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta ley y a las reglamentaciones pertinentes que expida el Poder Ejecutivo”.
También se promueve: “Fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte, autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes.
El proyecto también reserva para la Junta Nacional de Granos proponer al Poder Ejecutivo los precios mínimos a fijar para los distintos granos y las normas de aplicación.La iniciativa contempla como funciones: “Fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los cupos de exportación para los granos y sus subproductos y, entre otras, administrar los elevadores locales y terminales, silos y demás instalaciones de recepción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque de granos que integren la red de elevadores y depósitos del Estado”.
En la constitución del organismo estarían nueve personas designadas por el Poder Ejecutivo con un presidente propuesto por el Ministerio de Agricultura.
El proyecto prevé crear un fondo con las operaciones de la Junta. Además, dice que en la comercialización de los granos y sus subproductos, en que deba intervenir la Junta, actuará como comerciante, contratando directamente y de acuerdo a las reglamentaciones de compra y de venta que la misma establezca.
También se detalla que toda persona, física o jurídica, para actuar en el comercio interno o externo de granos del país, deberá inscribirse en un registro que llevará la Junta Nacional de Granos. Sin este requisito no podrá realizar transacciones, incluso en las bolsas y mercados, no podrán las autoridades aduaneras expedir a los exportadores el permiso de embarque correspondiente. Fuente Diario Textual
