En una conferencia de prensa realizada este miércoles, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de La Pampa expresó su firme rechazo a los despidos en el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y del Consejo de Agricultura Familiar, los cuales afectarán a unas 15 personas en la provincia, como parte de un total de 900 cesanteados a nivel nacional.
El Ingeniero Agrónomo Daniel López Burcaizea, residente en la localidad de Winifreda y trabajador en Agricultura Familiar, destacó que hasta el momento no han recibido notificación formal de los despidos, siendo informados principalmente a través de mensajes de WhatsApp. "La técnica de este gobierno es avisarte por WhatsApp", lamentó.
Liliana Rechimont, secretaria gremial de ATE, recordó que la semana anterior se había advertido sobre los despidos en una conferencia de prensa. "Públicamente se concretó este cierre. El vocero presidencial confirmó ayer el despido de 900 trabajadores y trabajadoras en todo el territorio nacional", señaló.
En La Pampa, los despidos afectarán a trabajadores y trabajadoras de diferentes localidades, incluyendo Santa Rosa, Alpachiri, La Adela, Miguel Cané, General Pico, Realicó, Eduardo Castex, Winifreda, Mauricio Mayer, Santa Isabel y Toay.
Según López, los contratos anuales de los trabajadores se vencieron el 31 de diciembre y fueron prorrogados hasta el 31 de marzo. "En mi caso, llevo cuatro años de contratos", indicó. También mencionó que la decisión de incorporar desocupados a la Agricultura Familiar se tomó en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández.
Osvaldo Folmer Manzano negó las afirmaciones sobre la supuesta superpoblación de delegados y aclaró que en La Pampa no hay empleados en planta permanente. "De las 964 personas, se van a quedar con 64 y se transformará en una Dirección centralizada en Buenos Aires", explicó.
Folmer Manzano también refutó los comentarios sobre los sueldos y la flota de vehículos en el INAFCI, destacando que los sueldos promedio rondan los $500.000 y que la mayoría de los vehículos se dieron de baja o están en reparación.
Los trabajadores anunciaron que realizarán una jornada de visibilización en la sede central la próxima semana y destacaron la importancia de luchar por políticas públicas que atiendan al sector de la Agricultura Familiar y promuevan la soberanía alimentaria.
La situación, según ellos, es grave y tendrá un impacto significativo en toda la provincia, afectando no solo a los trabajadores, sino también a la población en general y a la producción de alimentos locales.
