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Foto del escritorLa Pampa

Multa millonaria a empresa de viviendas prefabricadas por incumplir derechos de consumidores

La Dirección General de Defensa al Consumidor impuso una multa de $1.250.000 a una empresa de viviendas prefabricadas por violar múltiples normativas de protección al consumidor. Además, deberá indemnizar con $2.400.000 a un cliente por "daño directo", lo que eleva el monto total a pagar a $3.650.000.


La sanción, publicada recientemente en el Boletín Oficial, surgió tras la denuncia de un ciudadano que expuso diversas irregularidades en los servicios de la empresa, cuyo domicilio se encuentra en Argüello, Córdoba. Según la resolución, la firma incumplió disposiciones clave de la normativa vigente, como el deber de información, el trato digno, el respeto a las condiciones de oferta y la modalidad de prestación de servicios.


Detalles de la sanción

En el artículo 1º de la resolución, se especifica que la multa de $1.250.000 es consecuencia de infracciones a los artículos:

  • : Deber de Información.

  • 19º: Modalidades de Prestación de Servicios.

  • 8º bis: Trato Digno.

  • : Oferta.

  • 10º bis: Incumplimiento de la Obligación.

  • 37º y 38º: Interpretación y Contratos de Adhesión.

  • 40º bis: Daño Directo.


Por su parte, el artículo 5º ordena a la empresa indemnizar al denunciante con $2.400.000 en concepto de "daño directo", una figura destinada a reparar el perjuicio económico sufrido por el cliente debido a las irregularidades.


Recurso de apelación

La empresa podrá apelar la resolución dentro de los próximos diez días hábiles tras ser notificada. No obstante, ante dificultades para concretar la notificación por los medios habituales, la Dirección dispuso su publicación en el Boletín Oficial como edicto oficial.


Ejecución fiscal

En caso de incumplimiento del pago, las sanciones serán exigibles mediante un proceso de Ejecución Fiscal, lo que podría complicar aún más la situación financiera de la empresa.

Esta decisión marca un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores, reforzando el compromiso de las autoridades de garantizar el cumplimiento de las normativas y la protección de quienes confían en las promesas de las empresas.

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