Es porque Mendoza mantienen todo lo referido a la adjudicación del proyecto bajo "cláusula de confidencialidad". También pregunta "por qué el Gobierno Nacional se demora en requerir una nueva Evaluación de Impacto Ambiental".
El diputado nacional por el radicalismo pampeano, Martín Berhongaray, presentó un pedido de informes el Ministerio del Interior -a cargo de la presidencia del Consejo de Gobierno de COIRCO- para que "brinde información circunstanciada respecto del anuncio periodístico de que 'ya seleccionaron a la empresa que se hará cargo y reactivará, desde 2024, la mina Potasio Río Colorado'".
Además, el legislador pide que se informe si "se han recibido actuaciones sobre este tema por parte de las autoridades de la provincia de Mendoza. En caso afirmativo, informe en qué estado se encuentran y qué acciones se han tomado al respecto".
También la señala al Ministerio del interior "si tiene conocimiento de la razón por la cual las autoridades de la provincia de Mendoza mantienen todo lo referido a la adjudicación del proyecto bajo cláusula de confidencialidad, en detrimento de lo establecido por el Régimen de Contrataciones correspondiente, teniendo en cuenta que se trata de una empresa con mayoría accionaria estatal. En oposición, además, a las normas que rigen el derecho de acceso a la información pública: leyes 25.831 Presupuestos Mínimos de Acceso de Información Pública Ambiental, 27.275 de Acceso a la Información Pública y 27.566, Acuerdo de Escazú".
Como tercer punto, Berhongaray reclama: "por qué el Gobierno Nacional se demora en requerir una nueva Evaluación de Impacto Ambiental, apartándose de la normativa vigente, habida cuenta que la reformulación de la propuesta inicial de la explotación minera configura un "nuevo proyecto" toda vez que las distintas instancias de análisis ambiental originales se practicaron sobre una estimación de reservas de potasio que apenas alcanza el 50 % de las actualmente comprobadas. Huelga concluir de ello, que el residuo resultante de la explotación -cloruro de sodio- también resultará el doble del inicialmente evaluado, incrementando en forma exponencial los riesgos de contaminación del río Colorado".
Fundamentos
En los fundamentos de la iniciativa, Berhongaray argumenta lo siguiente:
- "Recientemente, las autoridades de la provincia de Mendoza informaron ante la prensa que finalmente se había seleccionado la empresa que se hará cargo y reactivará, desde 2024, la mina Potasio Río Colorado.
Desde hace tiempo, el proyecto despierta el alerta en la provincia de La Pampa, dado que generará al cabo de unos años una montaña de sal de más de 200 hectáreas por más de 50 metros de altura que -en caso de sufrir la acción de las lluvias o vientos- podrían infiltrarse y contaminar las aguas del Río Colorado.
Anteriormente, Potasio Río Colorado estuvo a cargo de la brasileña Vale, hasta que la empresa desistió de su operación. En diciembre de 2020, la legislatura mendocina aprobó el contrato de Transferencia de Acciones de Potasio Río Colorado S.A, celebrado entre las autoridades de Mendoza y Vale.
Desde entonces, el gobierno mendocino intentó retomar la marcha del emprendimiento, buscando nuevos oferentes con quienes asociarse, para lo cual contrató los servicios de UBS, la Unión de Bancos Suizos. Al momento de anunciar que ya había una empresa ganadora de la licitación, no se difundió el nombre de la firma, dado que todo lo relacionado con la búsqueda de inversores estuvo bajo una "cláusula de confidencialidad".
Cabe recordar que la Evaluación de Impacto Ambiental presentada en su momento por Río Tinto para su aprobación, prevista para una escala mucho mayor a los niveles que se evalúan en la actualidad, ya adolecía de un conjunto de inconsistencias técnicas.
El depósito del residuo de la explotación (cloruro de sodio) en el lugar y en las condiciones establecidas en el proyecto original ya de por sí resultaba de alta peligrosidad en términos hidrológicos, pues preveía su localización a escasos kilómetros del Río Colorado, derivando en un enorme pasivo ambiental a perpetuidad que, en caso de sufrir filtraciones o de escurrir por la acción de los vientos, las lluvias o la actividad sísmica, podría terminar salinizando el citado río con efectos interprovinciales.
Cuando tiempo después la firma minera reconoció la existencia fehaciente de más recursos asegurando que la producción podría pasar de 2,4 millones de toneladas a 4,3 millones por año, y que pensaban en extender la vida útil del yacimiento a 50 o 60 años, la preocupación creció de manera exponencial. Queda claro que el notable incremento en el volumen de producción configura un "nuevo proyecto" que dejará al cabo de la explotación un pasivo ambiental a perpetuidad del doble de tamaño del originalmente previsto. Ninguna de estas modificaciones siderales resultó objeto de las instancias y acciones de evaluación ambiental exigidos por la normativa aplicable.
De allí los distintos pedidos que se vienen realizando para que se repitan todas y cada una de las acciones e instancias exigidas por la legislación ambiental, entre ellas, la EIA".
