En un fallo ejemplar que busca reforzar el compromiso con la educación obligatoria, una mujer de Santa Rosa fue condenada a cumplir diez días de trabajo comunitario por haber descuidado el derecho a la educación de su hijo menor de 14 años. La sentencia, dictada por el juez Pablo De Biasi a mediados de noviembre, responde a la infracción del artículo 120, inciso 6, de la Ley 3151, que sanciona el abandono o descuido en la responsabilidad parental.
Inasistencias reiteradas y vulneración de derechos
El menor, alumno de un colegio de Santa Rosa, acumuló 51 inasistencias injustificadas y alternadas en el ciclo lectivo, un incumplimiento que afecta su trayectoria escolar y vulnera la obligatoriedad educativa establecida en la Ley Nacional de Educación 26206, la Ley Provincial 2511 y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes. Además, se consideró que la madre no cumplió con la responsabilidad parental prevista en el artículo 638 del Código Civil.
Durante el juicio, la fiscal Natalia Urruti presentó testimonios de directivos y asesores pedagógicos del establecimiento educativo, quienes relataron los esfuerzos realizados para notificar las inasistencias y lograr que el menor retomara su formación. A pesar de ello, la madre mostró dificultades para colaborar con las iniciativas escolares.
Justificaciones desestimadas
La acusada alegó problemas personales y sociales como motivos de las ausencias del adolescente, incluidos conflictos con otros alumnos y las dificultades para asistir en el turno tarde debido a actividades deportivas para las que el joven está becado. Sin embargo, el juez determinó que estos argumentos no tenían respaldo probatorio suficiente para eximirla de responsabilidad.
Un llamado a la corresponsabilidad
El fallo no solo impone los días de trabajo comunitario en una institución de bien público, sino que también instruye a la madre a garantizar la asistencia regular de su hijo en lo que resta del ciclo lectivo 2024. Además, deberá presentar constancias que acrediten su matriculación y permanencia como alumno regular.
El caso pone en evidencia una problemática recurrente, ya que desde el Ministerio Público Fiscal se informó que hay al menos tres procesos similares en curso esta semana. Este contexto subraya la importancia de que las familias acompañen y respalden el proceso educativo de sus hijos e hijas, un derecho y una obligación fundamental para su desarrollo integral.
Compromiso comunitario con la educación
La decisión judicial busca generar conciencia sobre la relevancia de la educación como un derecho inalienable de los niños y adolescentes, así como la corresponsabilidad de los adultos responsables en garantizarlo. Este caso se convierte en un recordatorio para todas las familias de la región de que el seguimiento escolar es esencial para construir un futuro mejor.
