- Por Norberto G. Asquini -
Se cumplen 42 años del caso de los dos asesinatos ocurridos en una ruta pampeana en 1978 en el marco del Terrorismo de Estado, y que son las primeras muertes y desapariciones forzadas de la dictadura cívico-militar en La Pampa.
Un hecho que se quiso hacer pasar por un accidente para ocultar la desaparición de un secuestrado en Buenos Aires, en el que actuaron fuerzas bonaerenses. Desde esa noche, está también desaparecida una pampeana vecina de Catriló, nacida en Cané, Ilsa Clotilde Mora, que se considera es una de las dos personas asesinadas.
Ahora se sabe que esa misma metodología de los supuestos accidentes y los “cuerpos plantados” se usó en la misma época para intentar “tapar” otras desapariciones en distintos puntos del país. Y enterrados durante años como NN (de hecho, todavía no fue confirmada la identidad de los restos en La Pampa.
El caso fue tapado por la Subzona 14 y el Ejército, que cerró la investigación de la Policía provincial en 1978, y ya en democracia se llegó a avanzar en conocer algunos pormenores, pero nunca se llegó a esclarecer el caso.
Que parezca un accidente
El 28 de noviembre de 1978 a la madrugada un Fiat 125 color rojo, sin patente, apareció incendiado y con dos cuerpos carbonizados en su interior en la ruta 12 (actual 10), entre Miguel Cané y Colonia Barón. Adentro había una pistola Ballester Molina 9 mm con sus números de seguridad y de arma limados, un cargador con proyectiles 11.25, dos llaveros y varios elementos de metal. Afuera estaba tirada una cédula de identidad a nombre de un desaparecido en la Provincia de Buenos Aires. El automóvil se encontró ubicado de manera perpendicular a la ruta, sobre la banquina, con sus dos ruedas delanteras sobre una alcantarilla de cemento y frenado en su caída por un mojón sobre el lado derecho. Las pericias indicaron que los cuerpos habían sido rociados con combustible, uno estaba tirado sobre los asientos delanteros y el otro sobre el trasero, como arrojados. En el lugar había huellas de un camión que había empujado al vehículo.
La cédula con un borde quemado estaba a nombre de Ricardo Adrián Pérez. El 20 de abril de 1977, cuando tenía 26 años, fue secuestrado en Santo Tomé, Santa Fe, por personal militar del Cuerpo de Artillería 121 que colaboró con personal policial de civil del área Investigaciones de la Policía Bonaerense. Junto a él también fue secuestrada su esposa, María Georgina Ester Cubas. La pareja tenía una nena de un año. Cinco días después, ambos fueron trasladados por los bonaerenses hasta La Plata donde se les perdió el rastro. Un mes después le devolvieron todas sus pertenencias a su familia. Era cuñado de Juan Carlos María Cubas secuestrado días antes de su detención, el 14 de abril, en Capital Federal.
La Policía pampeana pudo saber por un testigo que la noche anterior el Fiat 125 rojo había estado en el baile de la Escuela 68 en la zona de Relmo. En el lugar estaba Mora, de 23 años, junto a dos hombres y que se habían marchado juntos en el vehículo.
Dos casos “calcados”
Esta metodología de los “accidentes” se comenzaron a usar ya entrada la dictadura cívico-militar cuando Estados Unidos había puesto el ojo sobre lo que estaba ocurriendo en el país, lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizara una misión en el país para verificar las denuncias que había recibido sobre torturas, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Todos los casos tienen las mismas características: desaparecidos muertos por los represores que aparecen en un auto supuestamente accidentado y después son enterrados como NN. Una manera de deshacerse de los cuerpos sin que “desaparecieran”.
Un caso: el 27 de noviembre de 1979 aparecieron cuatro cuerpos en un Peugeot 504, semihundido en un arroyo de Escobar en Buenos Aires, el Paraná de Las Palmas. En el interior estaban Julio Eberto Suárez (nacido en La Pampa y ex ministro en San Luis), Adriana Lesgart Diana Schatz, José Berliner y Susana Solimano. Todos secuestrados durante los meses previos, torturados en centros clandestinos de detención y asesinados. Todos enterrados como NN. La familia Suárez pudo recuperar los restos en 1980.
Otro caso similar: fue el de Jorge Caravelos y Lucía Mirta Swica en el Gran Buenos Aires. Ambos secuestrados y torturados. Los cuerpos de la pareja aparecieron dentro de un vehículo Fiat 125 -que había sido robado un día antes- en llamas, a la vera de la ruta provincial 53, a la altura de Florencio Varela, el 21 de julio de 1978 a las 4.30 de la mañana. En los alrededores, y a salvo del fuego, fueron encontrados un carnet de conducir a nombre de Caravelos, un par de anteojos y un mocasín. Metodología calcada al caso de Miguel Cané.
Idas y venidas del caso
En 1978 en La Pampa, a poco de iniciada la investigación, el juez piquense Néstor Mario Alvarez decretó la incompetencia de la justicia civil por ser “un delito subversivo” y la causa pasó al fuero militar por pedido expreso del Comando Subzona 14. Dos meses después de ocurrido el hecho el Ejército ordenó que los restos fueran enterrados en Pico como NN, lo que se hizo el 31 de enero de 1979. Y cerró la causa.
El padre de Adrián, Félix Pérez, comenzó a buscarlo y presentó al menos tres habeas corpus en distintos tribunales federales: Santa Fe, La Plata y Capital Federal. Todos fueron rechazados. Luego de que se encontraran los cuerpos en la ruta 12, el 21 de diciembre de 1978, el padre recibió un llamado de la Policía Federal en el que le informaron que su hijo había sufrido un accidente en La Pampa. Perplejo, llegó a mediados de enero del '79 hasta las comisarías de Colonia Barón y Quemú Quemú donde le respondieron con más evasivas que certezas, y en la Jefatura le informaron que todas las actuaciones las tenía el Ejército. Otra vez se le cerraban las puertas.
El caso fue reabierto cuando, con la vuelta de la democracia, el 24 de enero de 1984 los integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de General Pico denunciaron a la justicia que había dos cadáveres NN sepultados en el cementerio de esa ciudad.
La causa recayó en el juez de Instrucción del Juzgado 1 piquense, José María Triputti, quien comenzó una investigación para determinar la identidad de los restos. La causa 14.250 tuvo en pocos meses importantes elementos para determinar su vinculación con la represión ilegal, aunque no se avanzaría sobre los autores, las identidades y los motivos reales del hecho. Declaró la madre de Mora y un testigo, que volvieron a vincular a la joven con los restos hallados.
En agosto de 1984 la madre de Ilsa Mora reconoció uno de los llaveros encontrados en la escena del crimen como el de su hija. La justicia los envió a la policía de Catriló. Los uniformados fueron hasta la casa que la presunta víctima habitaba seis años antes y una de las llaves abrió la puerta.
La causa quedó estancada, pero algo fue claro cuando se abrieron los archivos militares: hubo al menos encubrimiento del Ejército hacia los asesinos y éstos intentaron ocultar la desaparición del matrimonio Pérez plantando la cédula junto al auto incendiado.
En 2005 la Justicia Federal reabrió la causa y se empezaron a analizar los restos enterrados como NN. Los análisis por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense no dieron resultados positivos por el deterioro de las muestras.
En 2012, el Juzgado Civil 5 de Santa Rosa determinó que el caso de la muerte de Ilsa Clotilde Mora se trata de una desaparición forzada. Así, es el primer y único episodio de estas características ocurrido durante la última dictadura cívico-militar en territorio pampeano.
