El Juzgado Federal de Santa Rosa, encabezado por el juez Juan José Baric, emitió una medida cautelar que suspende temporalmente la aplicación del Impuesto a las Ganancias para más de 100 profesionales de la salud en La Pampa, quienes habían solicitado esta intervención en rechazo a la reinstalación del tributo. Esta decisión, sin embargo, no resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de este impuesto en el sector.
La medida cautelar fue impulsada en agosto por un grupo de médicos pampeanos de diversas especialidades, así como por licenciados en enfermería, kinesiólogos y bioquímicos. Todos coincidieron en que el cobro de este impuesto no debería aplicarse, dado que su reintroducción no cumplió con el requisito de aprobación por ambas cámaras del Congreso nacional. La resolución fue avalada únicamente en la Cámara de Diputados, lo que suscitó cuestionamientos sobre la legalidad de su implementación.
Esta situación no solo impacta a los profesionales que obtuvieron la medida cautelar, sino también a un amplio sector de contribuyentes en La Pampa. Se estima que unos 13 mil pampeanos comenzaron a pagar nuevamente el Impuesto a las Ganancias desde la reinstalación, con mínimos no imponibles que varían entre $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados con hijos. Estos valores afectan a una franja significativa de la población, generando un fuerte debate sobre la carga tributaria y la equidad en su aplicación.
Impacto y próximas etapas
Aunque la medida otorga un alivio temporal a los profesionales de la salud alcanzados por el tributo, no elimina la posibilidad de que el impuesto vuelva a aplicarse en el futuro. El Juzgado Federal aún no ha determinado si el cobro es constitucional o no, por lo que el debate judicial continúa abierto.
La decisión genera expectativa no solo entre los profesionales de la salud, sino también entre otros sectores que podrían considerar acciones similares en defensa de sus ingresos. Este fallo abre una nueva etapa en la lucha legal y tributaria que pone en el centro la carga fiscal que afecta a una gran parte de la población de La Pampa.