La CIDH admite la denuncia de La Pampa por el incumplimiento de la sentencia sobre el río Atuel: un hito histórico en la lucha ambiental
- La Pampa
- 12 dic 2024
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En un avance significativo para la defensa de los derechos ambientales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a la provincia de La Pampa la admisión de la denuncia presentada por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caudal del río Atuel. La Fiscal de Estado, Romina Schmidt, calificó esta decisión como “un hecho histórico en la lucha por los derechos ambientales”.
Un conflicto de larga data
La disputa por el río Atuel se remonta a más de 35 años, cuando la provincia de Mendoza comenzó a interrumpir el flujo natural del curso de agua. Este hecho causó una severa desertificación en el noroeste pampeano, afectando profundamente la biodiversidad y las comunidades locales.
En 2017, la Corte Suprema reconoció los daños ambientales y, tres años después, en 2020, dictó una sentencia que ordenaba a Mendoza garantizar un caudal mínimo permanente de 3,2 m³/s en el límite interprovincial. Sin embargo, según las autoridades pampeanas, el incumplimiento de esta resolución perpetuó una crisis ambiental y social en la región.
El camino a la CIDH
Agotadas todas las instancias judiciales nacionales, La Pampa presentó el 15 de agosto de 2024 una denuncia formal ante la CIDH. Esta acción fue impulsada por la inactividad judicial para garantizar el cumplimiento de la sentencia y los irreversibles daños ambientales en la región.
“La presentación fue consensuada en el marco de la CIAI pampeana, y fundamentada en la inactividad de nuestro Máximo Tribunal para hacer cumplir su sentencia”, explicó Schmidt. La CIDH otorgó un tratamiento prioritario y, en tiempo récord, admitió la denuncia, trasladándola al Estado nacional para que este presente observaciones en un plazo de tres meses.
Un precedente ambiental y social
La admisión de esta denuncia no solo resalta la gravedad de la situación en La Pampa, sino que establece un precedente internacional en la defensa del derecho humano al agua y a un ambiente sano. Schmidt destacó que “la preservación del ambiente debe considerarse un fin en sí mismo” y subrayó que la soberanía hídrica es una prioridad irrenunciable para la Provincia.
El organismo internacional reconoció que el caso trasciende las fronteras provinciales y nacionales, marcando un hito en la protección ambiental a nivel regional. “Este avance es un precedente en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por la desertificación”, añadió la fiscal.
Un llamado a la acción conjunta
En este contexto, las autoridades pampeanas trabajan en conjunto con la Fundación Chadileuvú, la Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Universidad Nacional de La Pampa para buscar soluciones definitivas al conflicto.
“La lucha por el río Atuel no es solo una causa pampeana; es un llamado a proteger nuestros recursos hídricos y garantizar un futuro sostenible para todos”, concluyó Schmidt.
Con la CIDH involucrada, este caso promete convertirse en un emblema de la defensa ambiental y los derechos humanos en América Latina, reflejando la urgencia de acciones concretas para garantizar la justicia ambiental y social.
