La Cámara de Apelaciones de General Roca ratificó la resolución judicial que impone medidas cautelares a un adolescente denunciado por adulterar fotos de compañeras utilizando Inteligencia Artificial (IA), con el propósito de ofrecerlas en redes sociales a cambio de dinero. Este fallo reafirma la decisión de la jueza Ángela Sosa, quien determinó que el caso constituye un acto de "violencia de género digital".
El caso, que generó gran repercusión en la comunidad, involucra a un grupo de jóvenes que usaba un software de procesamiento de imágenes para crear representaciones falsas a partir de fotografías reales de sus compañeras. Estas imágenes distorsionadas eran posteriormente utilizadas con fines económicos, un acto que la justicia calificó como una forma de violencia que impacta de manera diferencial en las mujeres adolescentes.
Medidas cautelares y fallo judicial
El fallo, confirmado el 27 de agosto, establece una prohibición de acercamiento de 200 metros entre el denunciado y la víctima durante 90 días. Además, incluye la restricción en el establecimiento educativo que comparten y la obligación del adolescente de asistir a un espacio terapéutico especializado en masculinidades y violencia de género.
En su resolución, la Cámara destacó la importancia de abordar el caso desde un enfoque interseccional, considerando la perspectiva de género y las consecuencias psicológicas que este tipo de violencia genera en jóvenes y adolescentes.
Recurso de apelación rechazado
La familia del acusado presentó un recurso de apelación argumentando que la resolución violaba el derecho al debido proceso y a la defensa, al considerar que las acusaciones carecían de fundamentos sólidos. Además, señalaron que las medidas cautelares vulneraban derechos básicos del adolescente, como el acceso a la educación y actividades deportivas, y lo estigmatizaban injustamente.
Sin embargo, la Cámara concluyó que los argumentos presentados no eran suficientes para modificar lo resuelto en primera instancia. Enfatizó que, además de ser menor de edad, la víctima está atravesada por situaciones de género que requieren un tratamiento judicial prioritario y con perspectiva.
Un precedente contra la violencia digital
Este fallo sienta un precedente importante en la lucha contra la violencia de género en entornos digitales, subrayando el impacto de la tecnología cuando se utiliza de manera perjudicial. La decisión reafirma el compromiso judicial de proteger a las víctimas y de trabajar en la reeducación y concientización de los agresores a través de medidas terapéuticas y preventivas.
El caso también resalta la necesidad de promover un uso ético de la tecnología y educar a las nuevas generaciones sobre los límites y responsabilidades en el entorno digital, para prevenir futuros casos de violencia y abuso.
