El allanamiento realizado este viernes por la Policía Federal en el domicilio particular del comisario Luis Blanco. El caso sería un coletazo de la causa por supuesto tráfico de drogas y lavado de dinero, que ya fue desestimada por la Justicia.
La Justicia Federal imputó este viernes del presunto delito de “intimidación” y “amenazas” al exjefe de la Unidad Regional I, Luis Blanco, contra el fiscal federal de Santa Rosa Leonel Gómez Barbella.
De acuerdo a lo que pudo saber El Diario de fuentes judiciales, en horas de la tarde la Policía Federal -por orden del juez Juan José Baric- concretó dos allanamientos, uno de ellos en la vivienda particular del comisario Blanco, y secuestró un total de 7 teléfonos celulares.
Si bien el exjefe de la Unidad Regional I no fue detenido, debido a que el delito por el que se lo acusa es excarcelable, fue “notificado e imputado”.
Mensajes “raros”
Luego de uno de los allanamientos de este viernes -concretado en una casa ubicada sobre la calle Silva, entre Pascual y Anza- este diario pudo conocer los entretelones de la denuncia.
Una fuente cercana al caso contó que “hace poco más de un mes atrás el fiscal Barbella comenzó a recibir una serie de mensajes raros en su celular, seis o siete, algunos de los cuales bien podrían tomarse como amenazas”.
“Además, en una ocasión el fiscal también recibió una captura de una imagen de una entrevista televisiva que le hicieron. Cuando se decidió a preguntarle a su anónimo interlocutor quién era éste nunca contestó y decidió hacer una denuncia”, añadió la misma fuente.
Los mensajes que habría recibido Barbella, por parte de Blanco, tendrían un contenido similar: “viste...el que las hace las paga” (sic).
La misma fuente contó que “está prácticamente probado que los mensajes partieron del teléfono de Blanco. Es muy probable que la semana que viene sea llamado a indagatoria por el juez Baric”.
Un sacudón
La filtración periodística de un oficio llamativo judicial a principios del año pasado sacudió a la política pampeana y a la Justicia federal.
Todo fue parte de una causa que se inició en el año 2016 por un testigo de identidad reservada: investigaba -supuestamente- la llegada de droga a La Pampa, la liberación de rutas y el crecimiento patrimonial de empresarios de la noche.
La investigación estaba a cargo de la Justicia Federal y fue derivada a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina y la División Lavado de Activos del Narcotráfico.
En una de las etapas de la investigación, remitieron un oficio a la Municipalidad de Santa Rosa y a varias reparticiones provinciales para conocer datos de los negocios y comercios que regentean empresarios que están en la mira de la investigación.
Las especulaciones sobre el llamativo "oficio" fueron varias. Entre una larga lista de nombres, aparecieron como protagonistas las figuras del diputado provincial del PJ, Espartaco Marín, y de los comisarios Marcelo Calderón (en aquel momento jefe de la Brigada de Investigaciones) y Luis Blanco (en aquel entonces estaba al frente de la Unidad Regional I). En la actualidad, Blanco está a punto de jubilarse y su cargo fue ocupado por Calderón.
El sobreseimiento
A mediados del mes de octubre del año pasado el juez Juan José Baric sobreseyó al diputado Marín, a los comisarios Blanco y Calderón, y a otras 20 personas en la investigación por narcotráfico y lavado de dinero.
Sin embargo, unos días después, el fiscal Gómez Barbella apeló los sobreseimientos porque consideró que esa decisión podría haber resultado prematura.
En los primeros días del mes de febrero de este año la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó todos los sobreseimientos y desestimó la apelación de Gómez Barbella. El Diario
