HAY ACUERDO PARA BUSCAR UN MECANISMO DE PRESERVACION DEL BENEFICIO PATAGONICO -
«Ya quedó zanjada la discusión», confirmó ayer una alta fuente de la casa de gobierno, en referencia a la controversia en torno al proyecto de ley que eleva a 150 mil pesos el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. «Durante la reunión de ayer (por el martes) quedaron aclaradas todas las dudas y ahora se está evaluando cómo precisar en el texto que no se modifica la deducción del 22%» que beneficia a los trabajadores patagónicos, añadió.
Desde el gobierno ratificaron que «el bloque de legisladores de la región quería impedir que se afectaran derechos ya adquiridos» y revelaron que «un elemento que se sumó para la comprensión del proyecto original fue la lectura de la reglamentación» de la Ley 23.272, que estableció el beneficio. «Leer detenidamente esa reglamentación ayudó a aclarar que no podían afectarse los derechos adquiridos», informaron.
El encuentro del martes con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y autor del proyecto sobre Ganancias, fue impulsado por la senadora Norma Durango y el diputado Ariel Rauschenberger, y se realizó en forma remota con todos los y las legisladores nacionales patagónicos del Frente de Todos. También estuvo el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien ofreció detalles y respondió a las inquietudes planteadas por el grupo de parlamentarios.
Según Heller, «la reforma proyectada por el proyecto 6960-D-2020 sustituye el inciso c) del Artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y no modifica el párrafo correspondiente al cómputo de deducciones personales incrementales del 22%». Aquí es donde se recurrió a la reglamentación: «el artículo no forma parte de este párrafo, de acuerdo a lo dispuesto en el índice del Anexo II del Decreto 824/19, que ordena la ley del gravamen», agregó.
«No es afectado».
De acuerdo a la reglamentación, «no resulta afectado por el proyecto 6960-D-2020 el tercer párrafo» del Artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que expresa: «cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso, partido, a que hace mención el artículo 1° de la Ley N° 23.272 y sus modificaciones, las deducciones personales computables se incrementarán en un 22 por ciento», advirtió Séller.
Esa interpretación técnica confirma que el incremento en las deducciones del 22% para las y los empleados en relación de dependencia, jubiladas y jubilados que vivan en la región Patagónica «no se modifica en el Proyecto 6960-D-2020». De todas maneras, las y los legisladores patagónicos de ambas cámaras continuarán trabajando en conjunto para asegurar que durante la discusión del proyecto quede claramente garantizado el beneficio.
Controversia.
Durante la última semana hubo una controversia en torno a esta cuestión. «La redacción del Artículo 30 genera dudas. Y cuando hay dudas lo que se debe hacer es aclararlas», había dicho el ministro de Hacienda, Ernesto Franco. «Estamos preocupados porque la normativa no es clara», agregó.
Unos días antes, LA ARENA había alertado que la redacción de ese párrafo perjudicaría a los trabajadores y trabajadoras de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego porque suprimía «el beneficio que tienen quienes viven en zonas desfavorables». Si bien el diputado Ariel Rauschenberger desmintió esa posibilidad y adjudicó las versiones a un intento de «politizar» el proyecto, pronto se sumaron nuevas voces de alarma.
El diputado radical Martín Berhongaray presentó un proyecto de declaración junto a sus pares patagónicos Gustavo Menna (Chubut), Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz) manifestando su «profunda preocupación» por la redacción de la iniciativa, mientras que, el propio gobernador Sergio Ziliotto y el ministro Franco reconocieron que el texto se prestaba a confusión.
Finalmente, luego de la reunión del martes, el mismo autor de la iniciativa, Sergio Massa despejó las dudas, y prometió que «el diferencial patagónico estará garantizado en la ley». Fuente diario La Arena