En una sentencia dictada este jueves en el Centro Judicial de Santa Rosa, la jueza Marisol Rodríguez condenó a Leonardo Alexis Isequilla, empleado judicial de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, a dos años de prisión en suspenso por sustraer dinero de dos expedientes. Además, fue inhabilitado de forma especial y perpetua para ejercer cargos públicos y deberá devolver el total del dinero hurtado: 1.219.090 pesos y 1.900 dólares.
Un caso de confianza quebrantada
El caso salió a la luz cuando uno de los propietarios de los fondos sustraídos intentó retirar el dinero y descubrió su ausencia. Esto llevó al Ministerio Público Fiscal a iniciar una investigación de oficio, que pronto reveló que Isequilla, quien tenía acceso a los legajos en la Fiscalía, se había apropiado del dinero mediante engaños.
El imputado logró convencer al personal administrativo de que los paquetes con dinero habían sido solicitados por los fiscales responsables de los expedientes, Facundo Bon Dergham y Leticia Pordomingo. Sin embargo, en lugar de entregar los fondos a sus legítimos propietarios, los desvió para su propio beneficio.
La investigación y el hallazgo del dinero sustraído
La pesquisa incluyó una requisa en el lugar de trabajo de Isequilla y un allanamiento en su domicilio, ubicado en avenida Circunvalación Sur al 400. Durante los procedimientos, la Brigada de Investigaciones encontró los paquetes rotulados con los números de legajo y parte del dinero robado. También se hallaron 800 dólares y pesos chilenos correspondientes a uno de los expedientes.
Las cámaras de seguridad, el registro del libro de actas de Mesa de Entrada y otras pruebas documentales reforzaron la acusación, catalogando su accionar como hurto, defraudación especial y delito contra la administración pública.
La sentencia y las medidas de reparación
El fallo fue producto de un juicio abreviado acordado entre el fiscal general Máximo Paulucci, el defensor particular Rodrigo Villa, y avalado por la jueza Rodríguez. Además de la pena en suspenso, se estableció que Isequilla deberá devolver el dinero sustraído en un plazo de 180 días, para lo cual se crearán cuentas específicas en pesos y dólares.
Sanciones administrativas en curso
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) evaluará la situación laboral del condenado y determinará si será sancionado, exonerado o expulsado del cargo, marcando así el cierre administrativo de un caso que puso en evidencia la importancia de los controles internos en la administración judicial.
Un llamado a la transparencia
Este caso destaca la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad en el manejo de fondos públicos y de garantizar la confianza en las instituciones judiciales. La rápida intervención del Ministerio Público Fiscal permitió esclarecer los hechos y asegurar que se tomen medidas para reparar el daño causado.
La justicia y la administración pública han dado un mensaje claro: la corrupción no tiene lugar, y quienes traicionen la confianza pública deberán asumir las consecuencias.
