Empleado judicial condenado por cobrar dinero para agilizar un trámite en Santa Rosa

Un empleado judicial de Santa Rosa fue condenado este lunes a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tras comprobarse que exigió dinero a un ciudadano para acelerar la restitución de un vehículo secuestrado. Además, deberá devolver los 197.000 pesos que recibió indebidamente.

La sentencia recayó sobre Fabricio Eugenio Vigne, de 36 años, y fue dictada por el juez de control Néstor Daniel Ralli en el marco de un juicio abreviado. La condena fue acordada entre el fiscal general Máximo Paulucci, los defensores particulares Mariano Alberto Alomar y Nicolás Javier Espínola, y el propio imputado, quien reconoció su culpabilidad.

El soborno en plena sede judicial

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero, cuando un hombre se presentó en el Ministerio Público Fiscal (MPF) para solicitar la restitución de su vehículo, secuestrado en el marco de otra causa penal.

Según la investigación, Vigne, aprovechando su rol dentro del organismo, le ofreció agilizar el trámite a cambio de dinero. “¿Querés que te ayude?... lo sacamos rápido”, le habría dicho al damnificado, antes de llevarlo a un pasillo y pedirle la tarjeta del auto y su documento de identidad.

Minutos después, regresó y le preguntó directamente: “¿Tenés plata? ¿Cuánto tenés?”. La víctima, sin opciones, le entregó en ese momento 97.000 pesos. Pero el soborno no terminó allí: poco después, Vigne le envió un mensaje pidiéndole 100.000 pesos más para concluir el trámite.

La segunda entrega de dinero se concretó en Toay, primero en un local de fotocopias y luego en la plaza central de la localidad, donde la víctima le entregó un sobre color madera con la suma exigida.

Condena y devolución del dinero

El juez Ralli encontró a Vigne culpable de los delitos de estafa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

Además de la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, el condenado deberá devolver los 197.000 pesos obtenidos mediante el ilícito y cumplir con las siguientes reglas de conducta durante tres años:

✔️ Fijar domicilio y someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal.

✔️ Realizar un tratamiento terapéutico.

Un caso que sacude al ámbito judicial

Este escándalo expone la vulnerabilidad del sistema y la necesidad de reforzar los mecanismos de control dentro de las instituciones públicas. La rapidez con la que se resolvió el caso refleja el accionar de la Justicia para evitar que hechos similares queden impunes.

Con este fallo, el Poder Judicial de La Pampa envía un mensaje contundente sobre la cero tolerancia a la corrupción en el ámbito estatal.