El Superior Tribunal de Justicia denuncia al fiscal Alejandro Mendiara por desorden de conducta: podría ser destituido
- La Pampa
- 19 mar
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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa presentó este martes una denuncia formal contra el fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial, Alejandro Sebastián Mendiara, ante el Jurado de Enjuiciamiento, por la causal de desorden de conducta. La acusación se basa en los hechos ocurridos en la madrugada del 8 de marzo en la localidad de Victorica, donde el funcionario increpó a un policía que realizaba un control de rutina a la salida de un local nocturno.
El incidente quedó registrado en un video que muestra a Mendiara en una actitud agresiva y desafiante hacia el efectivo policial, lo que derivó en su denuncia por parte del máximo tribunal pampeano.
¿Qué dice la ley?
El STJ lo denunció en función de los artículos 21, inciso 2°, y 23, inciso 1° de la Ley Provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento.
🔹 Artículo 21: establece que el desorden de conducta es una de las tres causales de remoción de un funcionario.
🔹 Artículo 23: define que el desorden de conducta incluye la "inmoralidad comprobada por hechos concretos que acarrearen mala reputación".
Además, el mecanismo de juzgamiento de un fiscal está previsto en los artículos 113 y 114 de la Constitución pampeana, que regulan el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento.
¿Cómo sigue el proceso?
La denuncia fue presentada ante la Secretaría del Jury por el presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, junto con los ministros Hugo Oscar Díaz, María Verónica Campo, Fabricio Luis Losi y José Roberto Sappa.
El próximo paso será la remisión del texto al presidente del Jury, que, según la Ley 313, es el titular del STJ. Además de él, el jurado estará conformado por:
✔ Dos representantes del Poder Legislativo: las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama.
✔ Dos abogados de la matrícula, que serán seleccionados mediante sorteo.
Un caso que sacude a la Justicia pampeana
La denuncia contra Mendiara marca un punto de inflexión en el ámbito judicial de la provincia. En caso de que el Jurado de Enjuiciamiento avance con el proceso y determine su responsabilidad, el fiscal podría ser destituido de su cargo.
Este caso pone en evidencia la necesidad de garantizar el comportamiento ético de los funcionarios públicos, especialmente en el Poder Judicial, donde la imparcialidad y la conducta intachable son fundamentales para mantener la confianza de la ciudadanía.
