El senador Juan Carlos Marino (Juntos por el Cambio) achacó a un corte en el servicio de Internet en su casa de Santa Rosa su salida de la sesión virtual del Senado donde se aprobó el Decreto 690/20 del presidente Alberto Fernández que declaró servicios públicos a la telefonía celular, Internet y la TV por cable.
«Mi proyecto tiene diferencias con el que aprobó el gobierno nacional, pero la verdad es que no lo pude votar porque que quedé sin Internet», dijo el ex intendente de Miguel Riglos en La Parte y el Todo, por CPEtv.
El legislador explicó que para las sesiones virtuales viaja desde su casa en el campo, en su localidad, hasta Santa Rosa (es usuario de CPEnet), justamente porque la conexión en la zona rural de Riglos no es buena. Marino dejó en claro que no se desconectó antes de la votación para evitar el apoyo a la iniciativa del oficialismo. «Sería una contradicción presentar algo y no apoyarlo. No es mi estilo», dijo.
-¿Se comunicó con Luchy Alonso (secretaria administrativa del Senado) esa misma noche?
-Esa misma noche, para explicarle que no me podía conectar de ninguna manera, porque yo me vengo a Santa Rosa cada vez que tengo sesión porque en Miguel Riglos, sobre todo en el campo donde yo vivo, el Internet no es de los más seguro. Pero por supuesto que lo hubiera votado.
-¿Usted dice que el gobierno no le robó el proyecto? ¿Son muy parecidos?
-No. En verdad es muy parecido. Difiere únicamente en que yo hablo de un acuerdo entre el Estado y los privados, como lo hago siempre, porque una cosa son los grandes prestadores y otros son los pequeños prestadores. Mi proyecto proponía declarar Internet servicio universal básico porque es el mundo que viene. No solo en La Pampa sino en cualquier provincia. Lo he hablado con senadores de las otras provincias y todos me dicen lo mismo.
-Como el servicio eléctrico o el agua potable, por ejemplo.
-Exacto, porque es el mundo que viene. Va a cambiar el comercio, el trabajo y, fundamentalmente, la educación. En La Pampa hay chicos que hacen 15 ó 20 kilómetros a caballo para subirse a una loma y tener algo de señal de Internet. Entonces, creo que esto es básico para el mundo que viene.
-Al sector privado no le interesa ese nene que se sube a la loma. ¿Está de acuerdo que Internet tiene que tener una cierta regulación por parte del Estado?
-Yo estoy de acuerdo y por eso mi proyecto habla de eso. Tiene que haber un acuerdo entre los privados y el Estado, donde el Estado tiene que garantizar el acceso a todos los chicos que viven en la zona rural o en los pueblos pequeños, donde las tecnologías no llegan porque no son redituables desde el punto de vista económico. Entonces, tampoco podemos castigar a los pequeños prestadores porque van a tener un problema económico importante. Es más, lo hablé con el propio gobierno, donde estaban de acuerdo con que el Estado debe participar subsidiando esa tarifa como ocurre con otros servicios sociales básicos. No estamos inventando nada nuevo.
Tarifas reguladas.
La iniciativa que redactó Marino declaraba «derecho humano de carácter universal» al acceso a Internet. «La provisión de dicho servicio será gratuita para los usuarios en condiciones de vulnerabilidad social o económica. La Autoridad de Aplicación dispondrá lo necesario para su cumplimiento en todo el territorio nacional», decía en el artículo 1°.
Luego proponía incorporar a la Ley 27078, Argentina Digital, aprobada en 2014, un artículo que dispusiera: «Carácter de servicio público en competencia. Se reconoce el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para garantizar el derecho humano de acceso a Internet».
A su vez, proponía modificar un artículo de la misma ley para que quedara redactado de la siguiente manera: «Precios y tarifas-regla. Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios y tarifas, los que deberán ser justos y razonables, fijados de modo tal que permitan cubrir los costos de explotación de una prestación eficiente y sostenible y obtener un margen razonable sobre la operación. La Autoridad de Aplicación podrá regular las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de TIC en competencia, así como de aquellos queésta considere pertinente por razones de interés público».
«En ninguna carrera»
Marino finalizará su tercer mandato como senador nacional por La Pampa en diciembre del año que viene. En el radicalismo pampeano, el ex diputado nacional Daniel Kroneberger ya se anotó para disputarle ese lugar en las elecciones legislativas.
«Yo no estoy en ninguna carrera. No se puede hablar de candidaturas porque tenemos un país destruido, convulsionado. Hablar de candidaturas hoy es una locura. Muchos problemas tiene hoy la sociedad. Acá tiene que haber un acuerdo económico político y social, porque no tenemos margen», dijo.
En cuanto a la pandemia de coronavirus bregó por preservar la vida como primera medida pero sostuvo que para eso era necesario cuidar a las diferentes actividades económicas, entre las que mencionó a la industria y al comercio. «Todos los gobiernos tratan de hacer lo mejor posible, el problema que tienen las provincias es que donde hubo un brote que no se puede controlar, estalla el sistema de salud. Acá hay que hacer todos los esfuerzos para mantener funcionando la economía pero con todos los protocolos y la máxima responsabilidad social», afirmó.
«Lobby jodido»
Marino dijo que no sufrió el lobby de las empresas de telecomunicaciones por su proyecto, similar al DNU de Alberto Fernández, para regular los servicios de TIC. «Mirá, recibí mucho más lobby cuando trabajamos con la Ley Justina. Ahí hubo un lobby jodido. Esa ley se aprobó por unanimidad en las dos cámaras. Hacía como 30 años que no ocurría», respondió. ¿De dónde venían esos lobbys?, le consultaron. «En Argentina, antes de Justina, solo en diálisis, se gastaban 500 millones de dólares por año», dijo. La Arena
