La Dirección de Defensa del Consumidor perteneciente al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a cargo del ministro Ariel Rauschenberger, realizó aproximadamente unas 30 disposiciones que aplican sanciones a diferentes empresas y comercios por un poco más de $11.000.000.
Los rubros que sobresalen en las disposiciones son vinculados a empresas administradoras de planes de ahorro de vehículos, constructoras de casas prefabricadas, empresas de telefonía móvil y empresas financieras en otros casos.
Florencia Rabario, responsable del área, detalló que la información publicada este viernes en el Boletín Oficial con sanciones a empresas y comercios, se da en el marco del cumplimiento a la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor.
El procedimiento establecido en la Ley de Defensa del Consumidor se caracteriza por ser un “procedimiento conciliatorio”, que motivado por la denuncia de una persona, se habilita a la autoridad de aplicación administrativa a convocar a una audiencia de mediación donde se puedan ampliar los detalles del reclamo.
En este caso, Rabario destaca el rol de la Dirección de Defensa del Consumidor, “el trabajo principal de nuestra oficina radica en fortalecer la etapa de mediación entre los consumidores y las empresas, con el objetivo de resolver los inconvenientes que pudieran tener. Sin embargo, si estos conflictos no se pueden resolver en la mediación (y existe una violación a la ley defensa del consumidor), corresponde utilizar las herramientas que la Ley prevé para que estas conductas no se reiteren en el futuro”.
En aquellos casos en los que una empresa o comercio no solucione el problema denunciado o evada la convocatoria prevista en la ley, se establece que la Dirección General de Defensa del Consumidor pueda efectuar una imputación ante las infracciones constatadas y de corresponder, se imponga una sanción.
Proceso de mediación y conciliación
La funcionaria detalló que el procedimiento inicial es el de “generar un ámbito de mediación y conciliación”, donde se trata de unir a las partes en una audiencia para solucionar de manera rápida y ágil el inconveniente. Según datos del área, más del 70% de las mediaciones se resuelven en una primera instancia.
Si el inconveniente no puede ser solucionado en esta primera instancia de buena voluntad, se inicia un expediente que continúa en acuerdo a las atribuciones que da la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor que puede culminar con un acto de imputación en caso de verificar infracción a la Ley.
Ante estas situaciones, “muchas de las empresas han cambiado la actitud que asumen frente a la autoridad de aplicación de la Ley Defensa del Consumidor. Esto se observa cuando las empresas se presentan en los procedimientos administrativos y hacen ofrecimientos razonables de solución, lo que beneficia a las y los consumidores y usuarios que reclaman; es decir, que el mayor esfuerzo se pone en la etapa de mediación para que se solucione inmediatamente el inconveniente de la persona que está reclamando”, agregó.
Trabajo continuo y descentralización
“El objetivo es dar respuestas a ciudadanos y ciudadanas que acuden a nuestras oficinas”, manifestó el subsecretario de Justicia y Registros Públicos de la Provincia, Pablo Boleas, al describir el trabajo que se viene realizando desde hace un par de años respecto a la descentralización de los servicios.
A partir de la gestión del actual gobernador, Sergio Ziliotto, se le otorgó una mayor jerarquía al área de Defensa del Consumidor, posibilitando contar con herramientas fundamentales para la gestión administrativa y capacitación de los equipos técnicos, que han permitido potenciar el trabajo vinculado a la protección de los consumidores y usuarios.
Además, el permanente trabajo de articulación con los municipios brinda un marco de contención importante en el resto de la Provincia. “Esto lo vemos con la apertura de distintas oficinas en el interior de la Provincia como las recientes abiertas en las localidades de General Acha y Trenel, que permiten dar un espacio de consulta e información a vecinos y vecinas que antes no existían; y que provocaban un perjuicio ya que de una forma u otra debían trasladarse y realizar las gestiones en las oficinas de Santa Rosa”.
La apertura de estos espacios incrementaron las denuncias, lo que evidencia la necesidad de información y asesoramiento que tienen las personas.
La directora Florencia Rabario, agregó que “esto es en virtud de que se ha difundido la existencia y funcionamiento de las oficinas de Defensa del Consumidor en la Provincia. Notamos que las y los vecinos están aprovechando los servicios que se brindan, es importante recordar que los servicios y gestiones son totalmente gratuitos”, culminó. APN
