Condenan a dos policías pampeanos por cobrar una coima en un puesto caminero

La Justicia provincial condenó este viernes a dos efectivos de la Policía de La Pampa por haber cometido cohecho al exigir dinero a un ciudadano durante un control en la ruta. El fallo marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción institucional.

El juez de audiencia Carlos Nicolás Pellegrino dictó sentencia en una causa que sacudió a la fuerza policial pampeana: los agentes Alfredo Reinaldo Agüero y José Gabriel Paulino Martínez fueron hallados culpables del delito de cohecho, por un hecho ocurrido el pasado 16 de febrero de 2024 en el puesto caminero de Chamaicó.

Ambos fueron condenados a un año de prisión en suspenso y a la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones policiales, una sanción que los expulsa de forma definitiva de la institución.

Un procedimiento que derivó en corrupción

La investigación, llevada adelante por el fiscal Matías Juan, demostró que el hecho se inició cuando José Luis Ayala, un técnico de sonido oriundo de Realicó, viajaba en colectivo hacia Buena Esperanza (San Luis) por cuestiones laborales. Al ser detenido para un control de rutina, los uniformados le informaron que su vehículo tenía la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vencida y que, en consecuencia, debía abonar una multa de 658.000 pesos.

No obstante, el procedimiento tomó un giro inusual: Agüero le insinuó a Ayala que podrían "arreglar" por un monto menor. El trabajador propuso 200.000 pesos, aunque aclaró que no contaba con dinero en efectivo y que su pareja realizaría una transferencia. Fue entonces cuando Martínez (Paulino) le envió el CBU de su cuenta bancaria personal, lo que permitió a Ayala continuar su viaje sin inconvenientes.

Mensajes y pruebas clave

Una vez en destino, Ayala volvió a comunicarse con Paulino por WhatsApp, quien le confirmó que el monto "arreglado" era de 250.000 pesos. Además, le aseguró que podría pasar "cuantas veces quisiera" por el puesto caminero sin problemas.

Las pruebas no terminaron allí: en los días posteriores, ambos policías intercambiaron mensajes preguntando por la concreción de la transferencia, lo que para la fiscalía y el juez resultó una evidencia clara de la maniobra delictiva, organizada y premeditada.

Durante el juicio, los acusados intentaron culparse mutuamente y deslindar responsabilidades, pero el juez Pellegrino fue categórico al afirmar que existió un acuerdo de voluntades y un reparto de roles, en el que uno simulaba aplicar el procedimiento formal mientras el otro negociaba el “arreglo” económico.

Una advertencia para toda la administración pública

El magistrado citó al reconocido jurista Edgardo Donna para reforzar el mensaje de su sentencia: “La motivación lucrativa que persigue el agente contradice necesariamente el buen desempeño de las funciones a su cargo, perjudicando al Estado como legítimo depositario de la administración pública”.

Además de la pena de prisión en suspenso e inhabilitación, Agüero y Paulino deberán fijar domicilio y no ausentarse sin autorización durante dos años, cumpliendo con las reglas de conducta previstas por el Código Penal para este tipo de condenas condicionales.

Un caso que deja huella

Este fallo no solo sienta un precedente legal, sino que también envía un mensaje claro a las fuerzas de seguridad: la corrupción, por más encubierta que sea, deja huellas y puede ser juzgada y sancionada con todo el peso de la ley.