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Chinos insisten en hacer la autovía a Anguil

PESE A QUE EL GOBIERNO DESACTIVO POR ONEROSO EL PPP MACRISTA

La concesionaria conformada por China Construction América y Green quiere seguir adelante con el contrato firmado en 2018 para realizar las obras de autopista entre Luján y Bragado, la ruta segura desde allí a Anguil y la autopista entre esa localidad y Santa Rosa.


El denominado Corredor B, que abarca la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta Santa Rosa, es el único donde las empresas que resultaron adjudicadas para llevar adelante las obras insisten con seguir adelante con el esquema de Participación Pública Privada que diseñó el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno actual no tiene intenciones de continuar con ese sistema, pues lo consideran oneroso para el Estado, razón por la cual ya acordaron con el grupo Eurnekian la rescisión de los contratos por los dos corredores (E y F) que correspondían a esa firma.


Luego, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, iniciaron las negociaciones con el resto de los controladores de los corredores adjudicados, entre los cuales se cuenta el único que afecta a La Pampa, hoy en manos de la empresa China CCA en Unión Transitoria de Empresas con la mendocina Green.



Impasse.

Ayer, un artículo publicado en el sitio Letra P informó que las negociaciones se vieron interrumpidas por una jugada imprevista de la empresa china CCA, que tanto por escrito como en forma verbal, le avisaron al gobierno nacional que están en condiciones de obtener los fondos para seguir adelante con la concesión y suscribir el cierre financiero del contrato.


China Construction América (CCA) es subsidiaria de China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), una de las grandes corporaciones mundiales dedicadas a la construcción y a proyectos de infraestructura con fuerte presencia en los Estados Unidos y en casi toda Latinoamérica.


LA ARENA comenzó a hablar de CCA cuando en 2018, asociada con la constructora Green, se adjudicó el control del corredor B, es decir, los 546 kilómetros de la Ruta 5 que unen Luján, en la provincia de Buenos Aires, con Santa Rosa.



Respaldo oficial.


Según Letra P, los directivos del grupo chino le hicieron saber al gobierno argentino que no quieren quedar como unos «incumplidores» que son sancionados con el quite de la concesión vial y, como muestra de voluntad para mantener vigente el contrato firmado hasta 2033, plantearon que pueden conseguir la financiación necesaria que estaba prevista para la concreción de las obras.


«Para reforzar el mensaje y dejar en claro que cuentan con el respaldo del gobierno de Xi Jimping (el presidente de China), los representantes de CCA acudieron a las dos últimas reuniones con los técnicos de Obras Públicas acompañados por dos funcionarios diplomáticos que dependen directamente del embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli», informó Letra P.


El artículo asegura, citando fuentes de Vialidad Nacional, que el aporte de fondos que CCA recibiría para financiar el proyecto, saldrían de la casa matriz de la empresa CSCEC. «Para poder instrumentar la propuesta de financiamiento, los directivos de CCA solicitaron a las autoridades que amplíen hasta los primeros meses de 2021 la fecha límite del 30 de noviembre, que ha sido fijada para la extinción de todos los contratos», añade Letra P.



¿Y ahora?


Según el portal, la sorpresiva propuesta de CCA obligará a las autoridades nacionales a evaluar detenidamente los pasos a seguir de ahora en más, ya que si avanzan con la caída de la concesión podrían verse frenados y revisados los créditos y proyectos que otras empresas y el Estado chino tienen en el país. Sin en cambio, avanzan de acuerdo a la solicitud de los chinos, podrían enfrentar reclamos similares del resto de los concesionarios con los cuales están negociando la extinción de los contratos: Paolini, Vial Agro-INC (corredor A); Cartellone (corredor C) y Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil (corredor Sur).


Letra P aseguró que una variante que analizan en el gobierno para estirar los plazos y no quedar en falta con su promesa de eliminar los PPP macristas consistiría en convocar a los especialistas y técnicos de la UBA para que efectúen un análisis integral del Estado legal, contable y financiero de las concesiones, algo que les daría tiempo para analizar si la propuesta de CCA tiene o no bases sólidas. Fuente La Arena



 

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