Caso de docente multada: crece el repudio al fallo judicial y lanzan una campaña por su absolución

Tras la reciente condena judicial a la docente Ana Cecilia Contreras en General Pico, la polémica se intensifica a nivel provincial y nacional. Mientras la justicia pampeana la sancionó con una multa de casi un millón de pesos por maltrato psíquico hacia una alumna, múltiples sectores educativos y de derechos humanos denuncian que se trata de un caso de censura y criminalización del pensamiento crítico en las aulas.

La resolución fue dictada por el juez Maximiliano Boga Doyhenard, quien el 9 de abril encontró a Contreras culpable de una contravención prevista en el artículo 121, inciso 1° del Código Contravencional de La Pampa. La docente fue señalada por abordar durante una clase el conflicto entre Israel y Palestina, generando una reacción en una estudiante con vínculos familiares con Israel. No obstante, organizaciones sociales denuncian que la sentencia “desvirtúa” el concepto de maltrato psicológico para “disciplinar la libertad de cátedra y coartar la educación crítica”.

La reacción no se hizo esperar: mediante un formulario de adhesión que circula por internet, se lanzó una campaña masiva en defensa de la docente, exigiendo su absolución inmediata. La convocatoria llama al respaldo urgente de sindicatos, medios de comunicación, figuras públicas y organizaciones de derechos humanos, advirtiendo que “el plazo es crítico”, ya que la defensa presentará la apelación antes del miércoles 16 de abril.

“La figura utilizada fue la de maltrato psicológico, una herramienta legal creada para proteger a víctimas en situaciones de abuso o dependencia, ahora desvirtuada para censurar contenidos curriculares y debates fundamentales en el ámbito educativo”, afirma el documento difundido. “Este fallo sienta un precedente gravísimo: cualquier contenido sensible podría ser judicializado, atentando contra el derecho a la formación ciudadana crítica”, subraya el llamado colectivo.

Desde los espacios que acompañan a la docente se advierte también sobre un trasfondo ideológico. Denuncian que el padre de la alumna que inició la denuncia ya había intentado anteriormente impedir que se dicten contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), a pesar de estar garantizados por la Ley Nacional 26.150. “Este patrón de denuncias revela una estrategia sostenida: usar el sistema judicial para imponer una agenda ideológica en las escuelas”, sostienen.

La campaña también pone el foco en el contexto internacional del tema abordado en el aula: el conflicto en la Franja de Gaza. Citan recientes informes de la Organización de Naciones Unidas, que acusan a Israel de utilizar “métodos compatibles con el genocidio” durante su ofensiva militar iniciada en octubre de 2023.

Según el Comité Especial de la ONU, el Estado israelí habría privado intencionalmente a la población palestina de bienes esenciales como agua, alimentos y combustible, obstruyendo la ayuda humanitaria y desplegando una ofensiva militar de gran escala. “La campaña de bombardeos ha causado una devastación ambiental, sanitaria y humanitaria sin precedentes, con más de 25.000 toneladas de explosivos arrojados sobre Gaza, equivalente a dos bombas nucleares”, denuncia el informe que será presentado ante la Asamblea General de la ONU.

Además, el informe advierte sobre el uso por parte del ejército israelí de sistemas de inteligencia artificial para seleccionar objetivos militares con escasa supervisión humana, lo que ha resultado en un altísimo número de víctimas civiles, incluyendo una mayoría de mujeres y niños. También se denuncia la creciente censura en redes sociales y ataques a periodistas y organizaciones humanitarias.

“Esta sentencia contradice los principios de la Constitución Nacional y tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión, pensamiento y enseñanza”, alertan desde el colectivo en defensa de Ana Contreras. “No es sólo su carrera la que está en juego, sino el derecho de toda la comunidad educativa a enseñar y aprender en libertad”, agregan.

La condena a Ana Contreras, lejos de cerrarse con la sentencia, ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la enseñanza, la libertad de cátedra y el rol del sistema judicial en la educación pública argentina. En los próximos días, la presentación de la apelación podría marcar un antes y un después en la forma en que se conciben los derechos y deberes dentro del aula.

Fuente PLAN B noticias

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