Agencia Nacional de Discapacidad: El Gobierno usó términos discriminatorios en un documento oficial

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de la polémica tras la publicación de la Resolución 187/2025, en la que se utilizan términos obsoletos y discriminatorios como "idiota", "imbécil", "débil mental" y "retardado" para clasificar a personas con discapacidad intelectual.

El documento, firmado por Diego Spagnuolo, director de la ANDIS y exabogado personal del presidente Javier Milei, generó un fuerte repudio de organizaciones de derechos humanos y asociaciones de personas con discapacidad, que denunciaron un grave retroceso en materia de inclusión y derechos humanos.

Terminología discriminatoria en un documento oficial

La resolución estableció un nuevo baremo para evaluar los grados de discapacidad y determinar la elegibilidad para pensiones no contributivas, las cuales, a enero de este año, tienen un valor de $261.000.

En su Anexo I, el documento describe categorías de discapacidad utilizando términos arcaicos que han sido eliminados de los manuales médicos y psiquiátricos desde hace décadas:

📌 "0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero."

📌 "30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias."

📌 "50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias."

📌 "RETARDOS MENTALES: Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual."

Estos términos, utilizados en manuales psiquiátricos del siglo pasado, fueron erradicados por su carga peyorativa y discriminatoria. Sin embargo, el Gobierno los reincorporó en su normativa oficial, lo que generó indignación en la sociedad y en organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad.

Denuncias y reclamos judiciales

El uso de esta terminología provocó una reacción inmediata por parte de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quienes presentaron un reclamo administrativo exigiendo la inmediata derogación de la norma.

En su presentación, advirtieron que la resolución viola tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, ratificada por Argentina en 2008 con rango constitucional.

📢 Declaración de REDI:

"Esta normativa refuerza la discriminación histórica hacia las personas con discapacidad. Resulta innecesario ahondar en el carácter peyorativo que ostentan estas formas de nombrar."

Por su parte, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) expresó su rechazo, advirtiendo que la resolución "contradice décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación".

El Gobierno reconoce el "Error" y anuncia cambios

Tras el escándalo, el Gobierno Nacional anunció que modificará la resolución luego de la controversia generada por el uso de terminología discriminatoria.

Desde la ANDIS emitieron un comunicado en el que calificaron el uso de estos términos como un "error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", negando que haya existido una intención discriminatoria.

📢 Declaración de la ANDIS:

"Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta, que en el pasado fueron utilizados en la medicina psiquiátrica, aunque hoy han sido eliminados por su carácter peyorativo."

Sin embargo, el Gobierno aclaró que la "corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación", lo que mantiene vigente el esquema de auditorías con el que se pretende dar de baja al menos 200.000 pensiones este año.

¿Un "Error" o una política de ajuste?

El escándalo se da en un contexto en el que el Gobierno ha endurecido los requisitos para acceder a pensiones por discapacidad. A mediados de 2024, Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, restablecieron el Decreto 432/97 del menemismo, que reinstauró el término "invalidez", eliminado en 2004 por su carácter discriminatorio.

La estrategia de recorte en las prestaciones por discapacidad y el uso de un lenguaje estigmatizante en documentos oficiales han llevado a organizaciones sociales a denunciar un ataque sistemático contra los derechos de las personas con discapacidad.

A pesar de que el Gobierno ha anunciado la corrección de la norma, el debate queda abierto: ¿se trató realmente de un error administrativo o es el reflejo de una política deliberada de ajuste y exclusión?