La Justicia resolvió la suspensión del juicio a prueba para dos imputados por los delitos de falsa denuncia, estafa procesal y defraudación en relación a la venta de un camión. En la causa intervino el fiscal general Máximo Paulucci y la fiscala adjunta sustituta Micaela Succurro.
La jueza Florencia Maza hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año respecto de dos imputados. Uno de ellos está acusado por el delito de falsa denuncia y estafa procesal en concurso ideal. El segundo había sido formalizado por los delitos de falsa denuncia y estafa procesal, ambos en concurso ideal en carácter de instigador en concurso real con estelionato y desbaratamiento de derechos acordados en calidad de autor.
Esta salida alternativa fue solicitada por la defensa, dictaminando en forma favorable la Fiscalía de Delitos Económicos y contra la Administración Pública, representada por la fiscala adjunta sustituta Micaela Succurro y el fiscal general Máximo Paulucci. A su vez, el querellante particular, con el patrocinio del letrado Walter Pablo Pinto, también prestó su consentimiento.
Consideraciones.
La Fiscalía tuvo en cuenta que los imputados no tenían antecedentes penales, que ofrecieron reparar el daño, y principalmente que la víctima recuperó el camión del que había sido desapoderada como consecuencia de los hechos ilícitos que se investigaron.
Por otra parte, los imputados deberán presentarse una vez al mes en la Oficina de Salidas Tempranas del Ministerio Público Fiscal de la sede de General Pico -atento a sus domicilios-. Además, ofrecieron una suma de dinero para reparar el daño, y teniendo en cuenta los delitos imputados, la suma ofrecida por uno de ellos será entregada al damnificado, y la restante será destinada a una entidad de bien público.
El hecho, que fue dado a conocer por LA ARENA en el mes de septiembre cuando uno de los imputados quedó detenido, se remonta a febrero de este año, cuando uno de los imputados denunció la sustracción de un camión, presentando documentación que indicaba que era heredero del titular registral, logrando que, a pedido de la Fiscalía, un Juez resuelva el secuestro de dicho camión.
Con posterioridad, la persona denunciada y que se encontraba en poder del camión se presentó en la Fiscalía denunciando que todo era falso, que el camión lo había comprado, y se determinó en el transcurso de la investigación que las dos personas que fueron imputadas habían actuado en connivencia, provocando un perjuicio de la persona que tenía el camión, pero a su vez engañando al Poder Judicial con documental. La Arena
