Compensación por el recorte de IVA y Ganancias: en representación del gobernador Verna acudirá este viernes el fiscal de Estado, José Vanini. Las presentaciones de cada provincia serán individuales, aunque en un formato común. Santiago del Estero ya lo hizo esta semana.
La Pampa y otras 15 provincias se presentarán de manera individual hoy ante la Corte Suprema de Justicia para pedir formalmente al máximo organismo judicial del país que intime al Gobierno de Mauricio Macri a cumplir -bajo apercibimiento de sanciones- con la medida cautelar que ordenó a Nación financiar el costo fiscal de las medidas presidenciales post PASO sin erosionar la coparticipación.
En representación del gobernador Carlos Verna lo hará el fiscal de Estado, José Vanini. La decisión se acordó en el inicio de la semana. Las presentaciones de cada provincia serán individuales, aunque en un formato común. Santiago del Estero ya lo hizo esta semana, pero no especificó monto de dinero alguno.
En esa oportunidad, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, dijo que la intención es “pedirle a la Corte que haga cumplir la medida cautelar dispuesta en las sentencias, bajo los apercibimientos legales que correspondan, de índole civil e incluso de orden penal en el caso de que encuadrase en una desobediencia a la sentencia judicial”.
“Es una resolución que ya está firme y no sujeta a ninguna apelación, a pesar de que el Gobierno Nacional manifestó imposibilidad de cumplimiento y pidió una audiencia; frente a ese pedido, que vemos que puede ser una maniobra dilatoria, exigimos el cumplimiento inmediato porque la sentencia ya tiene efectos”, remarcó. La causa iniciada por la provincia que gobierna el peronista Gustavo Bordet fue la citada en el fallo de la Corte.
El lunes pasado, en la mesa de la CFI, se sentaron enviados de 18 provincias: además de La Pampa, Entre Ríos, San Luis, San Juan, Tucumán, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Formosa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Mendoza y Río Negro.
De ese lote, las primeras 15 provincias accionaron a fines de agosto contra los dos decretos proconsumo del presidente que mermaron las remesas automáticas a los gobernadores.
$47.395 millones
La discusión sobre el monto que reclamarán los gobernadores sigue con final abierto por las dificultades para elaborar ese cálculo (involucra a tributos de naturaleza distinta, con distintas formas de liquidación y distintos plazos).
La apuesta ahora de los distritos es que el Gobierno haga cumplir en lo inmediato la sentencia, “a través del organismo de recaudación de los tributos, que es la AFIP, y con el control de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) como órgano de aplicación y cumplimiento de la Ley 23.548, de Coparticipación”.
Mientras tanto, algunos distritos se apoyan en un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso que estimó en $47.395 millones el costo de las medidas para las provincias.
La avanzada terminó de pulirse el lunes pasado en la sede porteña de la CFI, donde se autoconvocaron los enviados provinciales para blindar los pasos a seguir. Hubo en rigor funcionarios de 18 provincias, porque se sumaron tres que no accionaron aún: Mendoza, Chaco y Río Negro.
La estrategia incluyó una primera reunión, pasadas las 11, de los fiscales de Estado, para discutir la metodología del cálculo y la letra chica de los planteos. En su inicio, un aplauso celebró la cosecha positiva de la embestida judicial, para luego abocarse a la discusión técnica.
Poco después arrancó un segundo encuentro, de ministros de Economía. Y cerca de las 12:30 horas se produjo una cumbre conjunta, para terminar de pulir la estrategia.
El mandato de los gobernadores es claro: avanzar en el cobro sin demoras, frente a las primeras estrategias dilatorias que brotaron desde la Casa Rosada. Por eso ahora definieron avanzar en la estrategia de intimación de pago. El Diario
