Uno de los aspectos sobresalientes del fallo que emitió la Corte Suprema el martes respaldando la Ley de Glaciares es que ratificó la plena vigencia de las dos principales leyes de presupuestos mínimos ambientales que rigen en nuestro país, la Ley de Régimen de Aguas y la Ley General del Ambiente. Son dos normas sobre las cuales La Pampa «se ha sentado encima», al decir de un alto funcionario provincial, para defender sus derechos sobre los ríos interprovinciales y exigir los comités de cuenca, y resisten provincias como Mendoza y San Juan.
En su rol de representante pampeano en los comités de cuenca del río Atuel (Ciai) y del río Colorado (Coirco), el procurador Hernán Pérez Araujo tomó la responsabilidad de hablar con los medios de prensa para analizar los alcances del fallo que emitió la Corte en relación a la Ley de Glaciares y que, como se informara, tuvo a las demandas pampeanas como uno de sus sostenes principales. El fallo de la Corte frenó los intentos de la compañía minera Barrick Gold y del gobierno de San Juan por bajar la Ley de Glaciares y lo hizo con argumentos donde reforzó la línea ambientalista que viene marcando en los últimos años.
«Lo interesante del fallo es que si bien rechazó el planteo de inconstitucionalidad, que se basó en cuestiones procesales, tres jueces de la Corte fueron más allá y se metieron en la cuestión ambiental haciendo una disquisición ambiental que va más o menos de la mano con el reclamo pampeano», destacó Pérez Araujo en diálogo con LA ARENA.
«Esto es fundamental para nosotros, porque estas leyes, la 25688 y la 25675, son la base de los reclamos no solo de La Pampa por el río Atuel, sino también en los planteos tanto de La Pampa como de las entidades intermedias en contra de (proyecto hidroeléctrico) Portezuelo del Viento, y en el pedido de conformación del comité de cuenca del Desaguadero», detalló.
Nueva visión.
En su rechazo al planteo de inconstitucionalidad, la Corte volvió a manifestar, como lo hizo cuando ordenó a Mendoza y Nación entregar a La Pampa un caudal mínimo del río Atuel apto para sostener el ecosistema, que la gestión de los recursos naturales, y en particular el agua, debe moverse de una visión antropocéntrica a una ecocéntrica.
«Lo que la Corte está propiciando y que también es un reclamo de la provincia de La Pampa es que el desarrollo sea sostenible y sustentable», destacó Pérez Araujo. «Un desarrollo tenga en cuenta el bienestar de las futuras generaciones y del ambiente como un nuevo sujeto de derecho, que es hacia donde está tendiendo la Corte y hacia donde apunta la jurisprudencia y la legislación internacional», explicó.
«Es un fallo muy alentador para la defensa del paradigma ambiental que la Corte viene esbozando desde hace años y que había concretado en el fallo de 2017 en la causa de La Pampa contra Mendoza por el Atuel. Esta sentencia es complementaria de aquella sentencia donde se expresa que derechos de carácter individual, como el derecho de propiedad y los derechos de carácter económico, deben quedar supeditados a derechos de incidencia colectiva, como el caso del derecho al agua, y en esto hace expresa mención la Corte».
La Corte marcó con claridad esta tendencia a partir del fallo conocido como Acumar, en la que tomó una decisión fundamental: ordenó constituir un comité de cuenca para gestionar el Riachuelo y propender a su restauración. Esa sentencia fue la primera que, con plena claridad, según recordó Pérez Araujo, la Corte habló «de la interjurisdiccionalidad de los recursos naturales y en el caso de los recursos hídricos, de una gestión integrada de una cuenca».
Esta jurisprudencia se complementa ahora con este fallo en el que manifiesta expresamente «que las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental como la Ley de Glaciares, es constitucional y una materia concurrente entre el Estado nacional y las provincias», subrayó Pérez Araujo. «Esto también tiene que ver con la Ley General de Ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos, y la Ley de Régimen de Agua, que también es una ley de presupuestos mínimos, que son discutidas por las provincias de Mendoza y San Juan, casualmente las que están en litigio con La Pampa por el uso de los recursos compartidos».
«Es una caricia al alma»
«Es una caricia al alma, pero estamos esperando el mimo grande», expresó el procurador Pérez Araujo en una entrevista que mantuvo ayer por la mañana con Radio Noticias. Con el «mimo grande», el procurador se refirió a la definición que tiene que dar la Corte Suprema de Justicia sobre el caudal mínimo que la corresponde a La Pampa por el río Atuel.
En diálogo con los periodistas de El Aire de la Mañana, el funcionario coincidió en que el fallo de la Ley de Glaciares y la sentencia del 1 de diciembre de 2017 sobre el río Atuel, «no hubiesen sucedido sin los movimientos sociales pampeanos en defensa de los recursos hídricos que datan incluso de antes del nacimiento de muchos de nosotros», y consideró que aunque no tuvieron la celeridad que algunos actores sociales hubieran querido, «creo que todo fue un camino, como el que está haciendo la Corte, con pasos que parecen lentos pero que son firmes».
«Nada hubiese sucedido sin esta concatenación de hechos de los que nos parece que la piedra fundacional fueron los movimientos de allá hace décadas», reiteró.
A juicio de Pérez Araujo, la definición del caudal mínimo del Atuel no tardará el llegar, máxime teniendo en cuenta que este es un año de mucha actividad política, y que en esta batalla «estamos mejor que nunca» para enfrentarla, por cuanto el tema Atuel y los recursos hídricos se han instalado en el debate social y político de la mayoría de los pampeanos. En ese sentido valoró el «gran equipo» que se ha conformado en torno a la reactivada CIAI y la uniformidad de criterios que se ha logrado con las fuerzas políticas de la oposición. «Estamos todos tirando del mismo carro y para el mismo lado. Esto es muy bueno», reiteró. fuente La Arena
