El senador pampeano Daniel Lovera le bajó a su par mendocino Julio Cleto Cobos el tratamiento de un proyecto de ley sobre manejo de presas y embalses. Lovera imputó al ex gobernador mendocino su condición de ser «el representante de los intereses de un gobierno provincial sin estatura moral para hablar del manejo de aguas», obviamente en referencia al conflicto por el manejo de los ríos compartidos con esa provincia.
«Como pampeanos, jamás vamos a llegar a revisar los aspectos técnicos de un proyecto de Cobos sobre los ríos como recurso porque el problema fundamental es político», sostuvo el senador pampeano en la sesión en que se iba a tratar la iniciativa de Cobos. «El representa a un gobierno provincial que ha demostrado el desprecio por el derecho ajeno sobre el agua, y con ello, el consecuente desprecio por ese derecho humano fundamental para los pampeanos», declaró Lovera.
Continuando los fundamentos con los que logró que se retirara su proyecto, Lovera afirmó: «Para mí, como pampeano, es muy importante haber podido parar el tratamiento de este proyecto porque, en primera instancia, esta es una cuestión estrictamente política. Es de público conocimiento el conflicto histórico que mi provincia tiene con Mendoza por el uso unilateral que ésta hace de las aguas del río Atuel, con todo el daño económico, ambiental y humano que implica para los pampeanos. También todos saben el compromiso asumido por mi gobierno provincial en pos de la restitución de los derechos humanos vulnerados de todos los pampeanos».
«En 1947 -repasó el legislador- se cortó por primera vez la escorrentía del río debido a la construcción, aguas arriba, de la represa El Nihuil. En consecuencia, miles de familias del oeste pampeano se vieron obligadas a abandonar sus tierras por la arbitraria privación del acceso al agua potable tanto para consumo como para el desarrollo de actividades productivas. ¡Más de 70 años de abuso continuo y sistemático!»
Para graficar lo ocurrido, y mostrar quién es quién en este conflicto, Lovera recordó «la desafortunada afirmación del jefe de Gabinete de Ministros (Marcos Peña), que sostenía que Mendoza se veía perjudicada por el conflicto del Atuel» a lo cual el procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo, le dijo: «no puede verse como perjudicada una provincia que para regar entre 45 y 50 mil hectáreas ha desertificado un millón y medio». Ese millón y medio de hectáreas corresponde «a la zona de sacrificio que Mendoza generó en la provincia de La Pampa, ocasionando un daño ambiental y un desierto sin parangón alguno en nuestro territorio, y siendo hoy considerado uno de los mayores desastres ambientales de toda América del Sur», retrucó en esa oportunidad el procurador pampeano.
Caudal mínimo.
En su intervención, Lovera recordó que la Corte Suprema de la Nación también falló a favor de La Pampa, imponiendo un caudal mínimo «que todavía estamos esperando porque Mendoza lo retiene entre manipulación y especulación, y con el guiño explícito del gobierno nacional».
El agua como derecho humano reconocido por Naciones Unidas, el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano sin comprometer a generaciones futuras que está escrito en nuestra Carta Magna y tantos otros, han sido violados por la provincia de Mendoza.
«¿Qué proyecto del senador Cobos vamos a tratar si su reputación lo precede!», espetó Lovera en la consulta.
«Nuestro río, un río interprovincial, está cortado desde hace más de medio siglo. Con esto como respaldo voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para que Mendoza no pueda incluir, en nuestro trabajo legislativo, ningún proyecto de ley vinculado con el manejo de los recursos hídricos de esta Nación», cerró el senador pampeano. La Arena
