El juez Juan José Baric, titular del Juzgado Federal de Santa Rosa, sobreseyó a un hombre que estaba acusado de haber entregado en adopción ilegal a su propio hijo hace unas cuatro décadas en General Pico, informaron fuentes judiciales a Diario Textual. Paralelamente continúa con la indagatoria a otros imputados de esta red de adopciones ilegales y ventas de bebés ocurridas, principalmente, en las décadas de los ’60 y ’70.
El hombre que obtuvo el sobreseimiento había sido acusado de ser el padre de uno de los que fue víctima de una adopción ilegal y supresión de identidad. Sin embargo, el acusado pudo demostrar, con análisis de ADN en el Hospital Durand (Buenos Aires), que no era el padre. De esta manera, con ese elemento y otras medidas de prueba, se cayó la acusación.
Eran 14 los imputados originales, entre ellos parteras, enfermeras y administrativos. Ahora, con este sobreseimiento, quedan acusados 13 por los delitos de “supresión del estado civil, sustracción de menores de 10 años, falsificación de documento destinado a acreditar identidad y falsedad ideológica”.
Las rondas de indagatorias comenzaron el 28 de agosto del año pasado. Aún restan cinco más. Tres de ellas, dijeron las fuentes consultadas por Diario Textual, se harán la próxima semana, por videoconferencia, desde los Tribunales de General Pico: se trata de personas que no pueden trasladarse a Santa Rosa.
Paralelamente hay dos mujeres imputadas, de entre 80 y 90 años de edad, que podrían quedar fuera de la acusación: se espera un informe médico para determinar si comprenden la criminalidad de los hechos.
Una vez que concluyan las rondas de indagatorias, el expediente será entregado a la Fiscalía Federal, en quien se encuentra delegada la investigación. Eventualmente la fiscalía podría pedir nuevas medidas de pruebas. Si no lo hace, el juzgado ya estaría en condiciones de resolver la situación procesal de los imputados: podría procesarlos, sobreseerlos o dictarles la falta de mérito.
El caso de la búsqueda de identidad estalló en General Pico en diciembre de 2003, con la llegada de la joven Andrea Langhoff, a quien sus padres adoptivos le revelaron que no eran sus verdaderos progenitores, pero nunca quisieron o pudieron decirle quién era su madre biológica.
La joven, radicada en Glew con su familia adoptiva, recorrió las calles piquenses y se entrevistó con decenas de vecinos, con sus padrinos y con el pediatra que firmó su nacimiento, el doctor Carlos Broggi. Pero todo fue en vano y Andrea resolvió hacer pública su historia.
Viajó en innumerables oportunidades y se entrevistó con una cantidad incontable de personas de los ámbitos más disimiles: médicos, enfermeras, exempleados del Registro Civil, parientes, mujeres que habían dado sus hijos en adopción, vecinas que decían saber algo. Su búsqueda personal creció y terminó relacionándose con otros numerosos casos ocurridos desde los años ´60 y hasta los ´80, que hizo sospechar de modo contundente, que existió una banda dedicada a comerciar con bebés recién nacidos.
Con la masificación de Internet y la llegada de las redes sociales, numerosas personas de entre 40 y 50 años lanzaron su pedido de información en procura de conseguir lo mismo que hace tanto busca Andrea Langhoff: saber quién fue su madre biológica.
Se encontraron hace poco más de un año, en 2017, y luego de haber reunido datos nuevos y detalles muy precisos, ese grupo de personas acudió a la Justicia para conseguir que la gente, que sabe cómo ocurrieron las entregas, hablara. La denuncia fue radicada en la Justicia penal provincial. Desde allí, dado el tenor de los delitos, la causa fue derivada a la Justicia Federal. Diario Textual
