El terrorismo de Estado en La Pampa, como en el país, no se puede pensar como una foto sino como una película. Una continuidad entre lo ocurrido antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Ni tampoco reducirlo a que fue solo un grupo de militares los que lo aplicaron, sino que tuvo ramificaciones en el Estado y la sociedad civil. Para considerar una historia de la represión ilegal como algo orgánico podemos abordarlo en sus diferentes etapas dentro de La Pampa.
1975: Las advertencias
En 1975, el gobierno de Isabel Perón ingresó en una vorágine de violencia política y crisis económica que fueron deteriorando a las instituciones y la sociedad. En ese marco, se daban hechos de violencia diarios que tenían como protagonistas a los grupos parapoliciales de derecha y a los grupos guerrilleros de Montoneros y ERP. Sectores militantes eran víctimas de la represión desatada a cualquier grupo contestatario.
En La Pampa, la policía realizó algunas detenciones puntuales por actividades que consideraba “subversivas”. Hubo varios operativos durante los primeros meses, como la detención de dos estudiantes pampeanos en La Plata que lanzaron panfletos de un grupo armado en el Correo en febrero. Una fue Helena Alfaro, luego secuestrada y torturada durante la dictadura, y Roberto Quispe, desaparecido en 1977. En marzo, la Policía realizó allanamientos y detenciones a 25 personas vinculadas al siloísmo.
En diciembre de 1974 se intervino la delegación de la Universidad Tecnológica Nacional en Pico. Docentes y estudiantes tomaron sus instalaciones el día 15 para evitarlo y la continuaron hasta el 21. Ese día la Policía ordenó el desalojo, detuvo a 31 personas y la Justicia Federal inició una causa por “usurpación”. Hasta ese momento, solo eran detenciones policiales con causas judiciales y detenciones que duraban algunas horas.
El 4 de agosto, en medio de una crisis institucional en el peronismo pampeano que llevó a la renuncia de la mayoría de los ministros, fue detenido por el Ejército el docente Alfredo Argentino César, quien fue puesto a disposición del PEN y trasladado fuera de la provincia. Pareció un hecho más, pero prefiguró lo que se estaba preparando por sus alcances.
1975: La primera ola
El 6 de octubre de 1975 el gobierno nacional firmó los famosos decretos de “aniquilamiento de la subversión” que autorizó a las Fuerzas Armadas para encarar la represión interna en todo el país. El gobierno nacional se derrumbaba. En La Pampa se creó la Subzona 14 que quedó al mando del coronel Ramón Camps. En octubre la UNLPam fue intervenida y en la misma época también el Servicio Provincial de Salud (SPS).
El 13 de noviembre comenzaron los allanamientos y las detenciones en Santa Rosa, principalmente, y en General Pico. Los apresados fueron docentes de la Universidad y médicos del SPS. También algunos militantes políticos de partidos de izquierda. Blancos establecidos por la Inteligencia del Ejército, que en algunos casos serían puestos a disposición del PEN (sumaron 19 casos) y enviados a cárceles nacionales fuera de la provincia, algunos por años. Y se produjeron hechos violencia como el estallido de la vivienda de una de las docentes universitarias y el incendio del auto de uno de los médicos. A otros se les tomó declaración y se los puso en libertad horas después.
Los operativos continuaron hasta mediados de diciembre. El día 19, Camps le dejó el cargo a su sucesor, el coronel Fabio Carlos Iriart.
1976: La cresta de la ola
El 24 de marzo se produjo el golpe. El grueso de los detenidos políticos en la provincia, con más de 120 secuestrados, se produjo durante esa jornada y los días posteriores y se extendió en abril. También comenzó la aplicación sistemática de la tortura a los demorados de los que no se desconocía su paradero y empezaron a funcionar los centros clandestinos de detención y de tortura. En paralelo, se produjeron cesantías en el Estado provincial y en la UNLPam.
Encontramos detenidos de Santa Rosa y General Pico. El gobernador José Regazzoli, cantidad de funcionarios y legisladores provinciales, gremialistas, empleados estatales, periodistas, militantes de izquierda, universitarios de la UNLPam y la UTN, cooperativistas y hasta un juez federal.
El coletazo de esta etapa se dio el 14 de julio con el copamiento por parte del Ejército y la Policía de la localidad de Jacinto Arauz. Hubo la detención de docentes, estudiantes, un médico, un pastor y vecinos. Varios de ellos torturados y presos en la Unidad Penal de Santa Rosa con una causa por “subversión”.
Esta etapa más cruda del Terrorismo de Estado podemos extenderla hasta comienzos de 1977 por dos casos. En enero 14 personas, entre empleados estatales y contratistas del Estado fueron detenidos, torturados y enjuiciados en una causa por “subversión económica” por supuesta corrupción. Y en febrero siete estudiantes de la UNLPam que militaban en la izquierda fueron secuestrados, torturados y pasaron años en cárceles de máxima seguridad fuera de la provincia.
1977-1982: La vigilancia
A partir de mediados de 1977 la represión de la Subzona 14 en La Pampa se fue dando aisladamente y en sectores específicos, continuando con los secuestros y torturas en muchos de los casos. El grupo de tareas comenzó a actuar sobre “acciones subversivas” no vinculadas a la política y en su mayoría de carácter económico. Fue el caso de más de 20 personas consideradas prestamistas detenidas en Santa Rosa e Intendente Alvear en enero y febrero de 1978. Se puede mencionar en lo educativo en caso de los directivos y docentes de la Escuela Hogar de Santa Rosa que terminaron presos en la U4 y el secuestro de una docente de Paso de los Algarrobos en 1978. También intervinieron en casos de delitos complejos como varios crímenes “interrogando” a los sospechosos. En octubre de 1981, en un hecho puntual, tenemos las últimas detenciones políticas con el caso de tres estudiantes de Franja Morada de la UNLPam, liberados a las horas tras la reacción partidaria. Ya para entonces, la dictadura militar se iba desgranando, aunque todavía perdurara las consecuencias de la sociedad del terror impuesta por las Fuerzas Armadas.
Norberto G. Asquini y Juan Carlos Pumilla
