PRESENTAN UNA CARTA A MACRI El defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca, firmó un documento dirigido al presidente Mauricio Macri. El texto, que además lleva la firma de los representantes de las únicas cinco provincias que cuentan con esta área, expresa su “profunda preocupación” por el estado de situación de la niñez y la adolescencia en el país.
Los defensores y defensoras afirman que “en el marco de un complejo contexto económico entendemos que es urgente priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia”.
“Es sabido que las crisis económicas producen un gran impacto en las niñas, niños y adolescentes” expresaron los funcionarios y agregaron que la situación afecta fuertemente a los y las “que viven en condiciones de vulnerabilidad y se ven afectadas particularmente”, añaden.
En la misiva dirigida al presidente de la Nación, citaron al Observatorio de la Deuda Social de la UCA y le recordaron a Mauricio Macri que “la situación de pobreza en niñas y niños supera el 48% y un 33,8% de esta población debe asistir a un comedor escolar o barrial para alimentarse”.
“En tanto, Unicef Argentina reveló que el 48% de los chicos argentinos son pobres. De acuerdo al relevamiento, entre los 0 a 17 años alcanzan un valor de pobreza 10 puntos por encima del registro de la población general (38%) y en números esto abarca a 6,3 millones de niños, niñas y adolescentes”, indicaron.
Ante estas alarmantes cifras, señalaron que “la responsabilidad del Estado es doble: por un lado, ampliar derechos y prestar protección haciendo foco en aquellas familias con niñas y niños en situación de pobreza, y, por otro lado, garantizar el presupuesto del sistema de protección integral infantil”.
Recortes.
Juan Pablo Meaca (La Pampa), Analía Isabel Colombo (Santa Fe), Amelia Milagros López Loforte (Córdoba), Luis Santucho (Santiago del Estero) y Miguel Angel Molina (Misiones), se mostraron alarmados ante “los recortes presupuestarios a los programas y políticas dirigidas a niñez y adolescencia” y expresaron que “violan la obligación -que Argentina tiene como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña- de garantizar el principio de ‘interés superior del niño hasta el máximo de los recursos de que dispongan'”.
“Este deber, no es una cuestión discrecional u opcional, sino que implica la obligación de implementar medidas ejecutivas, legislativas y judiciales, que fueron observadas por el Comité de los Derechos del Niñas, Niños y Adolescentes en 2018”, manifestaron.
Entre las recomendaciones que emitió el Comité se estableció que niñas, niños y adolescentes no deben ser la variable del ajuste económico. Y aún en medio de un contexto desfavorable el Estado tiene que reforzar la inversión en protección social.
Preocupación.
Los defensores y defensoras provinciales de Niñez y Adolescencia advirtieron que “en este difícil contexto, suma incertidumbre y preocupación a quienes atendemos las demandas de esta población que se postergue la designación de un Defensor de Niñas y Niños y Adolescentes -nombramiento que se espera desde hace más de 11 años- y de cuyo proceso ante la Comisión Bicameral hemos participado los cinco defensores provinciales sin que, a la fecha, haya novedades sobre el dictamen final y la designación”.
Como último punto, el documento manifiesta la preocupación de los funcionarios ante la intención del Gobierno Nacional de avanzar con el “proyecto Ley Penal Juvenil que estipula la baja de edad de punibilidad; siendo que también los que suscribimos fuimos convocados oportunamente a participar de las mesas de diálogo, junto a otros referentes de la materia ante el Ministerio de Justicia de la Nación y hubo un consenso casi unánime en no bajar la edad de imputabilidad”.
Esto se debe a que “la propuesta significa un giro punitivista que apunta a lograr mayores niveles de seguridad, y tal como se ha manifestado Unicef Argentina, bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad”. De todas maneras, reconocieron que “es necesario avanzar hacia una adecuación normativa” aunque consideraron que “es preciso hacerlo en línea con los nuevos paradigmas de protección integral, en consonancia con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, garantizando el acceso a la Justicia y donde la restricción de la libertad personal sea el último recurso”.
Ante esto, propusieron “dar un debate sobre los jóvenes que comience por el rol del Estado. Un Estado social antes que penal, presente desde la primera infancia, que fortalezca los sistemas de protección integral para garantizar a niñas, niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional todos sus derechos”.
Finalmente, le comunicaron al presidente de la Nación que su acuerdo con “las palabras del Comité de los Derechos del Niño” y exhortaron “al Estado Nacional a que: 1) las leyes respecto de los niños, niñas y adolescentes no incluyan disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de responsabilidad penal; 2) que se garanticen los recursos suficientes para priorizar el interés superior de los niños y se fortalezcan adecuadamente los sistemas de protección integral; y 3) que el Estado priorice las políticas públicas de niñez y adolescencia, instando la designación de un Defensor/a Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes que vele por la garantía y el respeto de todos los derechos para todos los niños y niñas, todos los días”. La Arena
