Decidida a frenar el avance mendocino con la represa Portezuelo del Viento, la Fundación Chadileuvú remitió ayer una carta documento al gobernador mendocino Alfredo Cornejo conminándolo “suspender los trámites tendientes a llevar a cabo el llamado a licitación de la represa” por lo menos hasta tanto esa provincia cumpla con normas que hasta ahora ha esquivado. No solo no se han cumplido procesos legales, sino que tampoco se ha cumplido con el Estudio de Impacto Ambiental que determine cuáles serán los efectos de la represa.
La carta documento que ayer envió la Fundación lleva la firma de su presidente, Héctor Gómez, y está dirigida al gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. La notificación ocurre una semana después que en Buenos Aires se hiciera un acto que primero se presentó como llamado a licitación, y luego cambió a “inicio del proceso de licitación”, para buscar los inversores que financien la construcción de la represa.
Este financiamiento pasó de estar contemplado en la operatoria Participación Público Privada a un sistema clásico ante las complicaciones propias del programa y las incertidumbres que existen en torno a la represa. Para La Pampa, ese acto fue “una puesta en escena” destinada a convencer a los mendocinos de que la obra sigue en pie, cuando la verdad es que su futuro cercano aparece complicado.
En la carta documento, Gómez impuso a Cornejo que esa entidad tiene en curso una acción de amparo contra Mendoza y el Estado Nacional fundada en que la Provincia de Mendoza no está en condiciones de licitar la obra “Portezuelo del Viento” en virtud de no haber cumplido en forma previa con tres pasos claves: lo dispuesto por los artículos 11, 12, 13, 19, 20 y 21 de la Ley 25.675; haber realizado el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) conforme a lo estipulado por el artículo 1º de la Ley 23879, ajustado a las resoluciones 475/87 y 718/87 de la Secretaría de Energía y no contar con un Manual de Gestión Ambiental.
“El EsIA debe ser previo a la licitación para poder constatar que la futura obra no producirá graves alteraciones de la Cuenca”, recordó Gómez. “Conforme la escasa información brindada sobre la obra hasta la actualidad, puede afirmarse que viola el Tratado del Colorado”, advirtió, y entre todos los impactos que se han detectado, señaló que no se prevé la construcción de un dique compensador -su ausencia afectará los usos consuntivos actuales como son el consumo humano, y el riego- y la central hidroeléctrica “producirá mucha menos energía que la indicada”.
“En virtud de lo expuesto surge manifiesto que de procederse a la licitación de la obra sin el cumplimiento de la mencionada normativa se violarán derechos constitucionales y convencionales, afectándose en forma palmaria el Estado Ambiental de Derecho”, anticipó Gómez en nombre de la Fuchad.
Por esos motivos fue que intimó a Cornejo a “a suspender los trámites tendientes a llevar a cabo el llamado a licitación de la represa “Portezuelo del Viento” hasta tanto se dé cumplimiento a la normativa pertinente”. Caso de no atenderse este reclamo, “se procederá a realizar la correspondiente denuncia por incumplimiento de los deberes como funcionario público conforme a lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional”. La Arena