Los representantes gubernamentales de Discapacidad de diez provincias argentinas firmaron un documento en el que se manifestaron en torno a la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad.
El texto indica la necesidad de tomar conocimiento de la situación actual que están atravesando las personas con discapacidad y que no es falta de voluntad política de los gobiernos provinciales, sino de la situación socio-económica que atraviesa nuestro país, sumado a las políticas públicas en la materia que afecta directa e indirectamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
“Vemos con amplia preocupación el incumplimiento de los pagos a personas e instituciones que trabajan con personas con discapacidad en cada una de las provincias, generando un impacto negativo en las estructuras provinciales debido a que, dichas administraciones, tienen que solventar esas acciones a través de fondos propios y políticas complementarias para que las personas con discapacidad no vean resentidos sus derechos, fondos que deber ser compensados desde Nación y que en la práctica no se está efectuando”, se expresó.
En el documento también manifiestan estar convencidos que no pueden avalar el doble discurso que, desde el Gobierno nacional, expresa en referencia a la discapacidad, si bien celebran la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, no así la forma en que se originó, y la implementación del Plan Nacional de Discapacidad, como una decisión política acertada para la implementación de las políticas públicas sobre la temática, no omiten la situación de incertidumbre y sufrimiento para muchos argentinos que han perdido el derecho de sus pensiones o el recorte de gastos amenazado por las quitas al programa Incluir Salud.
“Sentimos una enorme angustia que en el área de Discapacidad, con los atrasos estructurales y culturales que agobian a dicha temática, el Gobierno nacional se dé el lujo de presentar una sub ejecución de políticas públicas rayando en el 50%, provocando el cierre de servicios, reduciendo trabajadores y recortando fondos que afecta los servicios que deben prestarse a diario, como así también que no se resuelva la situación mediante los mecanismos administrativos y herramientas normativas necesarias de la Unidad Ejecutora de Ley de Cheques, lo que posibilitaría que muchos sueños de personas con discapacidad se conviertan en realidad”, continuó.
La crisis generada por impericia propia no puede sostenerse con el ajuste hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras se beneficia y fortalece a los que más tienen, se recorta y carga todo el peso del ajuste sobre los que menos tienen: niños y jóvenes, adultos mayores, trabajadores y personas con discapacidad.
Para finalizar, alertan a las autoridades nacionales que el sistema que sostiene a las personas con discapacidad en cada jurisdicción está llegando al límite de poder soportar la presión de la desatención nacional, del desconocimiento del problema por parte del gobierno, y la vulnerabilidad no solo de los derechos de este sector particular, sino de los derechos humanos, reconocidos por la Constitución Nacional, junto con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, suscripta por la Nación Argentina en el año 2008.
Solicitan de manera urgente y contundente un cambio en la política hacia las personas con discapacidad para evitar mayor desigualdad y desintegración social, cuyos efectos en el sector serán irreversibles, apelando al conocimiento de la temática y a la sensibilidad del Gobierno nacional para poder corregir la situación existente.
