La Fiscalía de Investigaciones Administrativas recomendó a la Cámara de Diputados la aplicación de 30 (treinta) días de suspensión a la agente Sofía Melén Erro de la legislatura provincial por haber utilizado «licencias médicas» para justificar inasistencias cuando, en realidad, estaba realizado turismo en el extranjero.
Además el certificado fue otorgado por otra sicóloga, que también es empleada pública: es investigada.
Erro utilizó 28 días de licencias médicas en el año 2017.
En la causa, que se inició por una comunicación anónima, quedó demostrado que Erro faltó a su lugar de trabajo los días 14 a 25 de agosto de 2017, amparándose en licencias por enfermedad de corto tratamiento, con dos certificados extendidos por la psicóloga Vanina Schejtman quien prescribió reposo laboral durante 5 y 4 días respectivamente. El segundo de los certificados fue extendido y presentado cuando la agente se encontraba en el exterior, por lo que difícilmente pudo haber acudido al consultorio psicológico a los fines de certificar su padecimiento.
Además, la agente se ausentó de su residencia durante esos días. Viajó a Machu Pichu, Perú del 18 al 24 de agosto de 2017.
No pidió la autorización que requiere el artículo 132 de la Ley 643, por lo que se presume que el uso de las licencias fue para efectuar este viaje sin resentir el cobro de haberes ni utilizar algún otro tipo de licencias.
Realizada la denuncia penal por «fraude», el Ministerio Público Fiscal consideró que, a pesar de que la psicóloga realizó la atención de su paciente «vía whatsapp» para certificar el diagnóstico y que la agente Erro no se expresó con la verdad ante la Administración al presentar un instrumento público en el que constaba una situación que no era tal (la enfermedad), ello debía ser analizado como «infracción administrativa».
La FIA no compartió el criterio sostenido por el Ministerio Público, ya que no se trata de una «mera informalidad» la que fue incumplida, sino toda una maquinación realizada en perjuicio del Estado para obtener una ventaja económica ilícita, a través de un engaño utilizando certificados médicos.
Respecto de la profesional en psicología, al ser parte de la planta de empleados públicos, se sigue un sumario administrativo para determinar las responsabilidades que le pudieren caber, además de un sumario de oficio que inició el colegio de Psicólogos. El Diario
