CONCEJAL DENUNCIO AMENAZAS
El Concejo Deliberante modificó la ordenanza que regula la venta de artículos de pirotecnia en la ciudad. La decisión. adoptada por unanimidad en la sesión ordinaria del miércoles, consistió en limitar la venta y uso de éstos productos de acuerdo al grado de decibeles.
Para el caso que la intendenta María Julia Arrarás opte por promulgar la iniciativa, sólo se podrán vender y usar los que posean un grado auditivo menor a 65 decibeles. Además, se incorporó el artículo 11 a la ordenanza 38/13, el cual prevé que el ejecutivo deberá realizar campañas de información y difusión sobre la importancia que reviste para la población, el paso dado a favor de las personas que tienen TEA (Trastornos del Espectro Autista), de la ecología y de los animales. Todo para mejorar la convivencia social.
Los ediles argumentaron que existe la necesidad de concientizar sobre los daños que ocasiona el uso de la pirotecnia, lo que a su vez, representa ir en sintonía con lo que sucede a nivel mundial.
Consideraron imperioso colocarse en el lugar de aquellas personas que tiene TEA, ó bien, los ancianos, y los enfermos. Como así también, dimensionar los daños que provoca en los animales y en el medio ambiente. No se puede priorizar el esparcimiento por sobre las consecuencias ya mencionadas.
Amenaza.
La autora del proyecto María Laura De Aguirre denunció que recibió un llamado de una persona que dijo llamarse Paolini (ver recuadro aparte), quien le manifestó que tenían la obligación de subir el grado de decibeles de la ordenanza, porque de lo contrario la empresa iba a enviar una carta documento a la municipalidad.
La edila solicitó que se dejara constancia en acta de lo indicado, como así dejó en claro que tomó los dichos de Paolini como “una amenaza”. Agregó que esta persona le señaló que no se podía prohibir, a lo que De Aguirre respondió que de ninguna manera se estaba prohibiendo, sino sólo se trató de buscar un equilibrio entre aquellos que están a favor y los que rechazan directamente el uso de este tipo de productos.
Repudio.
Por su parte Gustavo Cuello se mostró sorprendido por el episodio relatado por su par De Aguirre. Sostuvo que el Concejo Deliberante tiene potestad de hacer sus propias ordenanzas y leyes en beneficio de la comunidad. Brindó su apoyo y pidió al ejecutivo que esté a la altura de los acontecimientos, ya que en otra oportunidad ha vetado un proyecto relacionado a este tema.
Expresó que debe bregarse por la salud de las personas que sufren el uso de la pirotecnia, ya que bien se pueden hacer los festejos sin este tipo de artículos. Rechazó el amedrentamiento que De Aguirre recibió, y sugirió la realización de una reunión con esta persona para que se dirija con el respeto que corresponde ante el CD de una ciudad de más de 20 mil habitantes.
Pablo Rosa y Andrea Sosa, ambos del bloque del Partido Justicialista, se sumaron al repudio del hecho sufrido por De Aguirre. Finalmente, el responsable del cuerpo José Luis Domínguez, respaldó a la edila y dijo: “No dejemos asustarnos, estamos para priorizar el bienestar de los vecinos de General Acha. Se trata de gente que busca un negocio personal, y estamos más allá de eso por eso vamos a seguir adelante por el bien de la ciudad”.
Para Cienfuegos, es discriminatoria
El vocero de la empresa Cienfuegos, Alejandro Paolini, calificó como discriminatoria la ordenanza aprobada por el CD. En diálogo con LA ARENA afirmó que más allá que “estamos de acuerdo con la limitación de productos de alto estruendo, ahora respecto a los decibeles que establece, se contradice con la normativa de ruidos molestos vigente en General Acha”.
Aseguró que con esa determinación, los ediles arrinconan al municipio a un futuro juicio por un caso que ya tiene antecedentes. Por ejemplo en Catamarca y San Juan, donde la Justicia ya se expidió a favor de la industria. “La verdad que se expone a los ciudadanos a pagar un juicio cuando ni siquiera deben saber de su tratamiento”, dijo.
Reiteró que resulta discriminatoria, ya que no se ajusta a las ordenanzas aprobadas en otras localidades de La Pampa. Recordó que la firma se encuentra en litigio con la Municipalidad de Santa Rosa porque prohibió la comercialización y uso de pirotecnia.
Opinó que la ordenanza recientemente aprobada vulnera un orden constitucional, debido a que se trata de una actividad regulada por la ley nacional 20429, y cuyo poder de policía es ejercido por el Anmac. La que establece, a su vez, que los productos A11 y B3 son de venta libre.
“Lo que sí se puede hacer es regular su comercialización y uso, ya sea respecto a su horario, lugar y fecha. De ninguna manera una ordenanza puede limitar una ley nacional”, añadió.
Por otra parte dijo que se atenta contra las fuentes de trabajo: 5 mil directas y otras 60 mil indirectas. Duran todo el año, ya que se trata de una empresa de 40 años de trayectoria, que tiene dos plantas, produce y exporta. La Arena
