El fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, estimó que cubrir las ausencias generales de empleados públicos le representa al Estado pampeano unos 50 millones de pesos anuales. “En una situación económica delicada, como la que estamos atravesando, el Estado está pagando muchos sueldos por tener que nombrar suplentes o agentes para cubrir vacantes por las inasistencias injustificadas de personal docente, entre otros”, lamentó el funcionario.
Carola dialogó con los medios en el marco de la investigación por una serie de casos de servidores públicos, la mayoría de ellos docentes, que fueron detectados gozando de viajes de placer en el exterior amparados en certificados médicos truchos. Precisó que en total son 27 casos, siete de ellos en trámite, de diferentes reparticiones oficiales, aunque el ochenta por ciento pertenece a educadores. “La investigación es parte de una política disciplinaria que tiene el Gobierno provincial en todos los estamentos”, aseguró.
“Empezamos a ver que se repiten episodios de empleados que presentan carpetas médicas truchas para justificar inasistencias. Cuando eso sucede y lo detecta Personal o nos llega por alguna denuncia anónima nosotros iniciamos un trámite sumarial en perjuicio del asalariado”, explicó.
Como parte de la tarea, resaltó que hace un tiempo empezaron a contar con informes de Migraciones, con lo cual pueden detectar si algún estatal abusó de un certificado médico para, en realidad, gozar de unos días de vacaciones en el exterior. En ese sentido, reveló que también acordaron con la comisión Nacional de Transporte para acceder a la información de los viajes terrestres.
“Nosotros hacemos la investigación para establecer si viajó o no o si estaba autorizado para eso. También verificamos si puede existir una infracción administrativa o si también puede haber una infracción penal”, comentó.
-¿Cuándo detectan que hubo fraude a la administración pública?
-Básicamente porque en los viajes al extranjero pedimos informes a las aerolíneas. Si nos dicen que un viaje, por ejemplo, se hizo ahora pero fue contratado hace seis meses es evidente que el certificado que está avalando la licencia actual es, al menos, muy dudoso.
–¿Cómo sigue la averiguación?
-Ponemos en conocimiento el Ministerio Público Fiscal para que investigue si hubo fraude a la Administración Pública. Luego hacemos la recomendación al lugar donde reviste el estatal investigado recomendando, en caso de tener alguna responsabilidad, una sanción posible. Lo habitual son entre 20 y 30 días de suspensión.
-¿Hay un denominador común en las descripciones de los certificados?
– La mayoría son psiquiátricos o psicológicos. A veces investigamos al profesional también, como en el caso descripto referido a la adquisición de pasaje con antelación. Diario Textual
