PUNTO DE VISTA
La Escuela Especial de Irregulares Motores, por reuniones con la Dirección de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación de la provincia y, posiblemente otras escuelas especiales de La Pampa -cuya denominación no ha sido aún modificada- buscan borrar con el codo lo que por normativa regula la inclusión de los estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes de todos los niveles.
De acuerdo a la Resolución 311/16 y 2509/17 del Consejo Federal de Educación, adoptada y aprobada por Resolución Provincial 1575/17, establece que para aquellos estudiantes con discapacidad que lo requieran se realice un Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI) para cursar su escolaridad. Las normativas también esbozan el rol de la educación especial y común, y el modo de acreditación y certificación, entre otros aspectos.
El avance, aunque perfectible es relevante porque intenta ordenar a nivel país el procedimiento para la inclusión educativa, garantizando también la movilidad en el territorio nacional. Esto significa claramente que con el PPI, Proyecto Pedagógico Individual, para la Inclusión se puede cursar en cualquier lugar del país la escolaridad obligatoria y garantiza la acreditación y certificación.
Barreras y obstáculos.
Pero parece que en La Pampa y, como si no hubiera pocas barreras a los ya obstáculos que coloca el gobierno nacional para la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, se quieren esmerar en complicar la inclusión de los estudiantes con discapacidad y la de los docentes que trabajamos en ello al “proponer” dos “modos” de Proyecto Pedagógico, uno para “los estudiantes que requieran configuraciones de apoyo en la propuesta curricular muy significativas” (PPI) y otro Proyecto Pedagógico (PP) para “los estudiantes que requieren accesibilidad al currículo pero no se afecta el contenido del grupo clase”.
Nada de esto se establece en la normativa vigente para el proceso de inclusión educativa porque o se requieren apoyos para la inclusión educativa o no se los necesita; es decir o la necesidad de un PPI para cursar y certificar estudios o la innecesariedad de ello.
Pero además, si insolvente es el pretexto de la dicotomía PPI-PP, cuánto más infundado es el argumento que lo pretende implementar, cuando utiliza un criterio no solo superado sino que además absolutamente subjetivo, quedando a criterio el muy “significativo” a la mera apreciación de quien lo observa.
Dos propuestas.
Esta “modalidad” de aplicar dos propuestas no solo dificulta la escolaridad del estudiante desde una perspectiva superada, desconociendo la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, las prácticas construidas en la provincia y la Observación General Nº 4 del Comité de Naciones Unidas sino que también complica, inútilmente, el trabajo docente deviniendo en una pérdida de tiempo. La medida es similar a las originadas por la vicepresidenta, toda vez que intenta “modificar” algo respecto de las (no) políticas en discapacidad del actual gobierno nacional.
Silvia Bersanelli: Maestra de Apoyo a la Inclusión
PD:
Dos años antes de la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad (Cdpcd), en el año 2004 el gobierno del actual gobernador creó la Dirección de Educación Inclusiva, que significó el inicio de una transformación profunda en la educación de las personas con discapacidad a nivel de la provincial. La Cdpcd se adoptó en el año 2006 en Naciones Unidas y nuestro país la incorporó a la normativa a través de la ley 26.378 y adquirió rango constitucional con la ley 27.044. A la provincia este tratado de derecho internacional viene a ratificarle que su rumbo, en la búsqueda de una educación inclusiva, con calidad y equidad y desde luego sin discriminación, era el camino correcto. Aquella Dirección pampeana fue la primera propuesta en el país que desde una clara decisión política impulsó modificar la propuesta teórica y práctica para la educación de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, no sin desestabilizar las tradicionales y sólidas estructuras sobre las que descansaban los y las indiferentes a la otredad; avances y retrocesos en un segundo período de otro gobierno, la vuelta del gobernador Verna y de la ministra Garello, otrora subsecretaria de Coordinación, intentaba retomar el camino más justo y equitativo para los estudiantes con discapacidad. La Arena
