OPOSICIÓN TOMARÁ “MEDIDAS” SI NO SE CUMPLE ORDENANZA
El Concejo aprobó los nuevos importes que tendrá el municipio para efectuar compras y contrataciones de obra pública. Los ediles opositores señalaron que la jefa comunal realizó adquisiciones que superan los topes de normativas municipales.
El Concejo Deliberante de Winifreda acompañó por unanimidad de sus miembros el pedido del Departamento Ejecutivo y modificó los montos máximos para las distintas formas de contratación del municipio para compras y obras públicas.
La oposición le reclamó “encarecidamente” a la intendenta Adriana García (PJ) que cumpla con esta nueva ordenanza debido a que realizó compras que superan los topes de normativas municipales en la materia. “Eso es menospreciar el CD”, dijeron y advirtieron que si sigue repitiendo ese modo de actuar tomarán “medidas”.
Se estableció que las contrataciones para compras y suministros, serán por compra directa hasta 200.000 pesos, por concurso de precios hasta $375.000 y por licitación privada será hasta $2.250.000. Cuando se exceda este último monto, se realizará licitación pública. En tanto que para obras públicas se acordó, para contratación o compra directa hasta $300.000, por concurso de precios hasta $600.000. Cuando el monto no supere los 3.000.000 de pesos se llamará a una licitación privada, y si se excediera, se deberá realizar una licitación pública. Esta actualización prevé un aumento del 50% promedio, con respecto a la última ordenanza sancionada en igual sentido en 2016.
La normativa determina también que para contratar o comprar en forma directa, el Ejecutivo comunal deberá comparar tres presupuestos como mínimo de diferentes oferentes locales a los efectos de determinar la oferta más conveniente. Cuando ello no sea posible por razones de inexistencia de oferentes locales o imposibilidad material de obtener el objeto requerido en la localidad, podrá contratar a una empresa de otro lugar. En busca de la oferta más conveniente, siempre deberá dar cumplimiento en el cotejo de las condiciones de oferta al dispendio de hasta un 5% a favor del compre-trabajo local.
“Si bien consideramos que la modificación del 50% es un poco alta, vamos a demostrar nuestra buena voluntad aprobando la ordenanza porque no queremos interferir en el gobierno de la intendenta. Le damos todas las posibilidades para que trabaje con toda la libertad que necesita, pero encarecidamente pedimos que se cumpla la normativa”, sostuvo Carmen Salamone (Pro-Frepam).
“En más de una oportunidad se han superado ampliamente los montos de contratación de obra pública y comprado cosas sin la autorización del CD”, agregó. “No van a seguir pasando las situaciones que hemos visto hasta ahora, no sabemos cuáles son las medidas que se deben tomar ante estos casos, pero las vamos a averiguar”, advirtió.
Su correligionario Mario Corredera, se explayó sobre el asunto cuando se puso a votación los balances de junio y julio de 2017, los cuales fueron aprobados por mayoría de los concejales del PJ. En la rendición del sexto mes del año pasado, “hay una factura de una bomba (de agua) por $312 mil”, importe que excedía el tope de compra directa de ese año.
“Llega un momento en que hay que tomar acciones porque si no pasamos a ser cómplices o partícipes de estas faltas”, manifestó. Dio otro ejemplo: En el legajo de julio, “hay una factura por $311.685 de mosaicos. Nuevamente supera el límite de compra directa de obra pública, incluso hasta el aumento del 50% que autorizamos. Eso es menospreciar al CD”, sentenció.
Marcos Ponce (PJ) compartió en parte el razonamiento de su colega. “Ante los costos y la inflación, pasa lo que plantea el bloque Frepam, es algo para remarcar”, dijo. Sostuvo que los nuevos montos máximos harán “más fluida” la administración del municipio, por eso “apoyamos el cambio”.
La oposición dio otros argumentos para desaprobar los balances. Detectaron compras de cajones de pollo por $2.870 y $3.790 en comercios de Santa Rosa. Ante esto, solicitaron al municipio que “apueste por los comercios locales y que estos insumos sean comprados en el pueblo”.
En junio, aparece otra factura de $15 mil de Oscar Baigorria en concepto de fletes y traslado de mercaderías sin especificar. Corredera puso énfasis en este pago “más aún luego de las explicaciones que hemos recibido en comisión” por parte de la intendenta, “en donde quedó claro que las facturas de este señor nada tienen que ver con fletes y mercaderías sino que son por otras cuestiones. Es una incongruencia que se presenten en forma explícita”, finalizó. Baigorria viene cobrando desde diciembre de 2016. Ya embolsó $105 mil.
DISCREPA Y APRUEBA
El concejal Marcos Ponce (PJ) no compartió que la intendenta Adriana García haya comprado combustible en la estación de servicio de su marido. “Está mal”, dijo. Igualmente justificó su aprobación a los balances apelando “a la buena fe” de la gestión. Corredera reveló que en julio de 2017, el municipio pagó $155.800 por compras de gasoil en el comercio del esposo de la jefa comunal. En mayo de 2017 había abonado $259 mil. “No nos parece ético”, enfatizó. “Para mí es incorrecto”, lanzó Ponce y agregó “no es la manera de gestionar que implementaría. Hay que aclarar que está mal, hay que ser sinceros, no podemos estar avalando continuamente esta situación”.
“Tuvimos la explicación de la intendenta, me quedó claro cómo va a ser la situación de ahora en más, con sinceridad nos dijo que se sintió muy dolida dado que por la dinámica del municipio muchas veces se pasan cosas por alto, pero hay cuestiones que hay que aclararlas, más allá que acompañemos como oficialismo estos balances apelando a la buena fe que tenemos de la gestión. Además, dentro de los parámetros legales las boletas están habilitadas, pero no veo acorde que se hagan compras en un negocio familiar”, apuntó. “Las compras realizadas fuera de la localidad tampoco las comparto”, finalizó.
< Luis Barbaschi para LA ARENA -17/05/2018 >
