El documento final del encuentro patagónico para analizar la “ley corta” de Telecomunicaciones fustigó con dureza el proyecto macrista que, para garantizar el interés de los grandes pulpos del negocio comunicacional, pisotea el federalismo y las garantías de participación de la sociedad civil.
El documento final del Encuentro Patagónico por una ley de Comunicación Federal, Participativa y Democrática, salió al cruce del ataque a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas que significa la llamada “Ley Corta” que tramó el macrismo. La reunión tuvo un alto volumen político y se complementó con interesantísimos aportes técnicos -y de otro tipo- por parte del especialista Martín Becerra.
El Encuentro también dejó en claro que la Provincia de La Pampa, en bloque, se opone al avance de la normativa del gobierno de Cambiemos. Por eso nutrieron la reunión con presencias de peso: el diputado nacional Sergio Ziliotto fue una de las figuras con alto perfil, del mismo modo que el senador Daniel Lovera había sido uno de los que primero manifestó la oposición a la propuesta oficialista.
Hay múltiples cuestionamientos al proyecto “intempestivo”, que además ataca el federalismo comunicacional, según coinciden especialistas. La normativa es en beneficio de los grandes pulpos del negocio de la comunicación, y reniega de aspectos legales que garantizan la participación de la sociedad civil. En ese sentido, se compadece con otras medidas e ideas del macrismo, que tienen a una concentración mayúscula en el área comunicacional.
“Intempestivo”
El documento manifiesta la “profunda preocupación por el intempestivo” proyecto de "Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencias TICS", también conocido como "Ley Corta".
“De ser aprobada tal como fuera presentada recientemente en el Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional, limitaría la participación igualitaria de las pymes y cooperativas en el sector de las comunicaciones, al habilitar el ingreso de las empresas internacionales de telecomunicaciones a dar televisión satelital en todo el país, sin considerar las asimetrías poblacionales”, advierte el posicionamiento.
Remarca que “a su vez, dificultaría el despliegue de una comunicación federal, al condicionar el desarrollo económico, social y cultural de las pequeñas y medianas empresas del interior del país, al obligarlas a competir de manera inequitativa con empresas internacionales o nacionales asociadas con capitales extranjeros”.
“Tardío, parcial, inconcluso”
El documento salido del Encuentro Patagónico reseña que las pymes y cooperativas lograron desarrollar el servicio de las comunicaciones (y otros servicios públicos) en lugares con escasa densidad poblacional, con distancias importantes y con una pequeña cantidad de usuarios si se compara con las grandes concentración poblaciones de algunas ciudades y provincias del país que conforman importantes mercados.
“Sin embargo, los estados, las pymes y cooperativas extendieron las redes en cada rincón del país, acercando la tecnología y las comunicaciones al interior profundo de la Argentina. De hecho, en la actualidad hay más de 600 comunidades donde las cooperativas ofrecen servicios públicos, entre ellos el de las comunicaciones”, insiste.
“Por eso existe una marcada preocupación por un tardío proyecto de ley, parcial e inconcluso, que no cumple con los criterios generales respecto a una norma que debería atender la compleja trama de las comunicaciones en la actualidad”, indica.
“Este proyecto prefigura un complejo escenario donde deberán desarrollarse las pymes y cooperativas del interior del país. Tal preocupación se profundiza al manifestar el proyecto de la Ley Corta, el uso de la infraestructura de las pymes, cooperativas y el Estado por parte de las grandes empresas extranjeras o locales asociadas”, denuncian los participantes.
Banas de frecuencia de AR-SAT
Por otra parte, se propone que se adopte como política de Estado y se exprese en la Ley que regule las comunicaciones, el Decreto 1340, del año 2016, que protege a las poblaciones de menos de 80 mil habitantes del ingreso de las grandes empresas vinculadas a las comunicaciones.
También se expresa preocupación en cuanto a la derogación del carácter preferencial de las Bandas de Frecuencia a AR-SAT. “La modificación propuesta por la Ley Corta contraría los criterios federales y de participación amplia de la sociedad civil”, asevera el documento.
“Cualquier norma debería orientarse para asignar paquete de Bandas de Frecuencia a empresas mixtas provinciales integradas por gobiernos provinciales y cooperativas”, señala.
“Sentimos el compromiso y la responsabilidad de proteger las economías regionales, y de preservar las dinámicas culturales y sociales que garantizan las pymes y las cooperativas en el interior del país”, agrega.
También manifiesta la “necesidad de confluir” en un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que “garantice el acceso universal a toda la población a una comunicación de calidad, que fortalezca las políticas federales del país, y que se asiente sobre los actores históricos y fundamentales como son las pymes, las cooperativas, y los Estados Provinciales y Municipales”.
