El diputado nacional por el PJ, Sergio Zilliotto, se manifestó en contra del proyecto que habilitará a las compañías de telecomunicaciones, como Telefónica y Claro, a dar televisión paga mediante el vínculo satelital. Se trata de una iniciativa elaborada por el Ministerio de Modernización.
“Concentra más infraestructura pública en manos privadas al pretender otorgar bandas de frecuencia propiedad de AR-SAT. Es un retroceso en el rol regulador del Estado. Mantiene a las cooperativas en el papel secundario de operadores virtuales, no de operadores con derechos plenos”, denunció Zilliotto.
“Se vienen debates muy complejos, hay muchos intereses de por medio. Buscaremos modificar dicho proyecto e incorporar el objetivo del nuestro: que las empresas provinciales y las cooperativas accedan a licencias plenas para a la prestación de estos servicios. Son, claramente, los únicos actores que podrán regular la calidad y el precio de las telecomunicaciones. Si no, vamos a un escenario de mayor y concentración y cartelización”, expresó el legislador pampeano, que desde este año integra la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, donde se debatirán las iniciativas parlamentarias.
Zilliotto afirmó que en la práctica el proyecto “propone autorizar a las empresas de telefonía ofrecer servicios de televisión satelital, algo que hoy no pueden. Así Telefónica y Claro podrán competir en la prestación de los denominados paquetes “cuádruple play” (telefonía fija, móvil, banda ancha de internet y TV por cable). Y supuestamente competirán con el Grupo Clarín. Aunque para garantizarles el negocio a todos, el Gobierno adjudicará nuevas Bandas de Frecuencia 4G”.
Proyecto propio
El legislador elaboró un proyecto, el cual fue presentado en el mes de septiembre de 2017. El mismo establece que parte de este paquete de bandas de frecuencia sea asignado a empresas mixtas provinciales integradas por Gobiernos provinciales y Cooperativas, que según Zilliotto son “entes claramente capacitados para suplir el vacío que no ha ocupado el Estado Nacional”.
En dicha iniciativa parlamentaria, se propone que sean operadores de red, “con licencias plenas de derechos y sin depender de acuerdos con las prestadoras privadas como quiere el Ejecutivo Nacional”.
