“PROVINCIAS ARRIBEÑAS COMETEN ABUSOS”
La Consultora de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) realizará un estudio con el fin de establecer el caudal mínimo necesario para recomponer el ambiente por el daño que generó la falta de caudal del río Salado, ante un pedido del gobierno pampeano.
El diputado Martín Berhongaray (Frepam) dijo que es “gravísimo” el avance de San Juan y Mendoza “en la construcción de represas y en obras de aprovechamiento de manera inconsulta, lesionando seriamente los escurrimientos del río Salado y en consecuencia comprometiendo los derechos de quienes estamos aguas abajo”.
Dijo que también es “condenable la inacción y la desidia de las autoridades que tardaron mucho más de lo debido en reaccionar en defensa de nuestro patrimonio natural y de los derechos humanos de tantos pampeanos que hace tiempo son seriamente perjudicados por las acciones realizadas aguas arriba, en provincias como San Juan y Mendoza”.
En 2016, La Pampa presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra Nación para que se convoque el Comité de Cuenca Hídrica de la Cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado. El comité debe estar integrado por Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa.
Un viejo reclamo.
Berhongaray recordó que hace años viene reclamando una acción del gobierno de La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia por el aprovechamiento abusivo e ilegal del río Salado que se hace aguas arriba y resaltó que el único lugar donde la Provincia “puede obtener resultados es en la justicia”.
“El primer pedido al gobernador (Oscar Jorge) para que inicie la demanda lo formalicé en el 2009. En ese momento el río Salado ingresaba a la provincia a razón de 3 metros cúbicos por segundo, y sus aguas tenían el doble del tenor salino que el mar, es decir, eran inutilizables para cualquier destino”, explicó.
Agregó que en aquel momento el secretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli, dijo que “esos escasos caudales eran incluso intomables para la hacienda. Pero hace diez años la provincia no reaccionaba para proteger el Atuel, convalidaba Portezuelo del Viento, y no advertía la gravedad de lo que ocurría con el río Salado”.
“Es evidente que no se tutelaron esos derechos de los pampeanos como correspondía, y hoy el daño ya está hecho. Siempre es mucho más difícil avanzar sobre hechos consumados, y la demora en la reacción pampeana nos hizo perder mucho terreno en la defensa de nuestro río Salado”, comentó Berhongaray.
“Está claro que las provincias arribeñas vienen cometiendo abusos que son condenables, y por eso deben existir sanciones económicas y también penales para todos los responsables, pero también está claro que la provincia de La Pampa ha facilitado con su inacción muchas de esas conductas”, cerró.
