Una serie de documentos que manejó el rector de la Universidad Nacional de La Pampa durante la dictadura militar, y que tenían el carácter de "estrictamente secreto y confidencial", muestra cómo fueron vigilados estudiantes y docentes en la casa de estudios pampeana.
La "Operación Claridad" y los servicios
El 11 de octubre de 1977 el ministro de Educación del Proceso, Juan José Catalán, dictó la resolución 44 que creó una dependencia de Inteligencia en su estructura administrativa, para supervisar la instrumentación del "Plan Claridad" de vigilancia en el ámbito universitario. Había pasado la etapa más sangrienta de la represión ilegal y llegaba el turno de vigilar y controlar. Esa oficina coordinaba las actividades de la red de informantes que los servicios de inteligencia habían creado en los colegios y universidades de todo el país. Su eficacia quedaría reflejada en el despido e inhabilitación de alrededor de ocho mil docentes en los años siguientes y cientos de desaparecidos, indican los historiadores Marcos Novaro y Vicente Palermo.
Parte de esa red informativa fue el “Boletín de Inteligencia Sectorial del Ministerio de Cultura y Educación” que recibía el rector de la UNLPam y que era distribuido por los servicios de inteligencia militares, y a los que los funcionarios de la casa de estudios contribuían con información que retroalimentaba el circuito. Además de militares infiltrados –con la creación del IV Cuerpo del Ejército en el ’80, en la UNLPam se observó algunos oficiales que “estudiaban” en sus aulas– la represión en el ámbito educativo contó con el respaldo de actores civiles que espiaban y vigilaban a los alumnos y señalaban a los “peligrosos”.
Esos cuadernos de la serie de boletines de inteligencia circularon entre los años 1979 y 1980, cuando era rector Marcelo Iván Aguilar. Los documentos fueron recuperados en 1984 cuando regresó la democracia y algunos papeles quedaron en oficinas sin poder ser destruidos antes del cambio de autoridades. Esta información fue publicada en el libro "El Informe 14", escrito por el autor junto a Juan Carlos Pumilla.
Idas y vueltas de la información
El coronel Agustín Valladares, asesor de Gabinete del Proceso, era el encargado de enviar mensualmente esos boletines de inteligencia con carácter de “reservado” junto a otros partes sueltos. En la parte inferior de cada una de esos tomos se especificaba que era “Estrictamente secreto y confidencial”.
A su vez, los rectores enviaban a esa oficina de inteligencia, que pasaban por los jefes de las Subzonas, en La Pampa el 1.4, los datos e informes sobre agrupaciones o movimientos estudiantiles en sus casas de estudios. Esto se volcaba en los expedientes que recopilaban toda la información y se reenviaba a todas las universidades para “socializarlos”.
Los partes enviados a los rectores advertían que los antecedentes no podían ser divulgados fuera del ámbito específico de la “especialidad de Inteligencia” y que ese proceder estaba penado por la Justicia Militar.
Todos vigilados
Novaro y Palermo precisan que a comienzos de ese año los jerarcas del Proceso anunciaron la profundización de las “estrategias sectoriales” lo que implicó extender la cacería de los “ideólogos, activistas, etc.” que actuaban en ámbitos escolares, religiosos o barriales o a los “elementos infiltrados”. Así el aparato represivo, siguió en operaciones bajo las referencias a la “guerra permanente”.
Para 1980 la preocupación en las autoridades educativas y militares era la reactivación de algunos grupos estudiantiles en las universidades, motivada por la apertura de la dictadura. Los boletines de Educación sirvieron entonces a los rectores para conocer cómo estaban actuando esas agrupaciones y qué hacer para neutralizar sus tareas de “agitación”. Además señalaba a los grupos a los que había que vigilar, como los Testigos de Jehová –muchos de los alumnos que profesaban esa religión fueron expulsados de las escuelas por no querer izar la bandera–, y de libros que se prohibían por su contenido como “Abaddón el Exterminador”, de Ernesto Sábato.
También se referían a conferencias dadas en las facultades y charlas de prensa o reuniones de agrupaciones universitarias que eran resumidas por los servicios.
A los informes sobre la actividad política universitaria, se agregaba una separata sobre “Apreciación y probable evolución” en el que la asesoría indicaba a los rectores cómo y dónde actuaba cada agrupación y qué podían hacer si se activaba la militancia en sus universidades.
En uno de los boletines se advertía cómo, durante el año ‘80 los grupos políticos iban a tratar de influir en las casas de estudios superiores.
Un caso de los listados filtrados
Hacia dentro de la Universidad, ¿cómo se dio esta vigilancia? Un documento del Archivo de la Secretaría General de la UNLPam da cuenta de cómo la información pasaba desde el Rectorado a los servicios de inteligencia. En noviembre de 1980 unos 300 docentes y estudiantes elevaron un petitorio a las autoridades de la UNLPam en el que solicitaron la no implementación de los aranceles universitarios y la derogación de la Ley Universitaria 22.207 y la reapertura del Comedor Universitario. El día 12, el rector Aguilar elevó un escrito al jefe del Servicio de Información y Seguridad, comisario Carlos Moiraghi; al jefe del Destacamento 101 coronel Cornejo Aleman; al asesor de Comunicación Social del Ministerio de Educación, coronel Valladares; al jefe de Policía, teniente coronel Efraín Henri; al jefe de la Federal comisario Alfredo José Nardi; y al ministro de Educación de la Nación. Indicaba: “acabo de recibir en mi despacho, sorprendido, la nota insólita que acompaño, en fotocopias legalizadas de un mismo tenor pero con distintas firmas (...) entiendo que ésta presentación anómala –que también han cursado a los diarios para su difusión– reviste extraordinaria gravedad por lo cual solicito se brinde toda la importancia que merece y se me instruya urgentemente respecto a las medidas a adoptar”. Comentaba que en el petitorio se pretendía “hasta la reapertura del Comedor Universitario, esto último cuya existencia, es bien sabido, sirvió para los fines políticos que precedieron a la guerrilla”.
Aguilar también pidió a los decanos que elevaran la nómina de profesores y alumnos que aparecían entre los firmantes y que pertenecían a sus Facultades, listado que fue agregado al documento y elevado a las autoridades militares.
