"LA MEJOR POLÍTICA ES PREVENIR EL CONSUMO"
El diputado Martín Berhongaray (Frepam) aseguró que “la mejor forma de combatir el narcotráfico es avanzar en políticas públicas que van dirigidas a prevenir el consumo” y destacó que si el gobierno de La Pampa adhiere a la Ley Nacional de Estupefacientes, la Justicia provincial tendrá competencia en delitos de narcomenudeo.
“La Pampa tiene que hacer fuertes inversiones para que el tratamiento de las adicciones sea el adecuado y que permita la rehabilitación de los consumidores”, afirmó Berhongaray y advirtió que “es una complicación” en la lucha contra el narcotráfico la falta de un juez federal con asiento en Santa Rosa como advirtió el gobierno.
Lo cierto es que en el marco de la desfederalización hay un punto fundamental para avanzar, relacionado con los fondos que debe aportar el gobierno nacional, y por ahora parece no tener intenciones de hacerlo, para montar en las provincias -que adhieren a la ley- un fuero judicial para la persecución penal del narcomenudeo.
En noviembre de 2017, fiscales generales y procuradores provinciales, entre ellos el pampeano Mario Bongianino, le pidieron al gobierno nacional “desfederalizar en todo el país la lucha contra el narcomenudeo” y reclamaron fondos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Competencia.
-En el gobierno plantearon en la semana la necesidad de que la Ley de Estupefacientes pase a tener competencia provincial, ¿qué opina? -Es cierto que es una complicación tener que estar relacionados con la Justicia Federal de Bahía Blanca, y que eso puede generar distintos contratiempos en los procedimientos por la gran distancia con esa sede. Pero la ley de estupefacientes que es nacional, solo admite que la provincia asuma determinadas competencias en materia de lucha contra el narcotráfico, para investigar, perseguir y juzgar la venta y distribución en dosis destinadas directamente al consumidor. Es decir, si la provincia adhiere a la Ley nacional 26052 solo podría ir detrás de los delitos de menor escala, pero no así contra los casos de mayor gravedad ni contra los que revistan carácter interjurisdiccional que sí o sí, por disposición legal, deben permanecer dentro de la órbita federal.
-¿Entonces, si La Pampa adhiere a la legislación nacional pasaría a dividirse la lucha contra el narcotráfico entre las autoridades nacionales y provinciales? -Exactamente. La adhesión no significa que La Pampa asuma la totalidad de la lucha porque justamente los delitos de mayor gravedad y los transfronterizos siempre van a ser competencia federal. Y es claro que en el tráfico y venta de drogas en general están vinculadas varias jurisdicciones.
Desfederalizar.
Sobre las declaraciones del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, quien planteó la necesidad de “desfederalizar” la lucha contra el narcotráfico, el diputado Berhongaray dijo que “algunos dicen que deslindar la competencia provincial de la nacional puede aumentar la capacidad de respuesta contra el flagelo del narcotráfico, porque implicaría desdoblar los frentes de ataque e intensificar los sistemas investigativos y de juzgamiento” pero “creo que la mejor forma de combatir el narcotrafico es mejorar las políticas públicas que van dirigidas a prevenir el consumo. Nadie puede desconocer que el incremento del consumo de drogas esta directamente vinculado con la expansión del narcotrafico.
-¿Hay un crecimiento del narcotráfico en la provincia? -El Observatorio Argentino de Drogas viene diciendo que el consumo de drogas ilegales, en particular cocaína y éxtasis viene creciendo en Argentina. No creo que ninguna provincia escape a esta situación. Y si el consumo viene aumentando es porque también viene creciendo el narcotráfico, son dos cosas que van de la mano.
-Siempre se habló de la complicidad entre sectores de la política y de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico…
-Eso siempre ha sido un gran problema a nivel mundial. Es indudable que el narcotráfico tiene una tremenda capacidad para corromper y debilitar los sistemas democráticos. Eso termina impactando negativamente sobre la seguridad y la salud de la población, y obviamente afecta la calidad de las instituciones.
