VERNA RECHAZO LA DECISIÓN PRESIDENCIAL POR "ARTERA" E "INCONSTITUCIONAL"
El Gobierno de la provincia de La Pampa expresó su “más enérgico rechazo” al laudo arbitral del presidente Mauricio Macri para resolver la controversia que se planteó en el ámbito del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado respecto a Portezuelo del Viento. El gobernador Carlos Verna anticipó que recurrirá a la Corte Suprema para defender los derechos pampeanos sobre el río Colorado, ahora en peligro con esta decisión presidencial, y consideró que Macri privilegió su sociedad política con el gobernador Cornejo a los intereses de los argentinos.
La decisión del presidente Macri, anticipada ayer por correo electrónico al Poder Ejecutivo Provincial, “representa una grave violación de los más elementales principios republicanos”, ya que “se convierte en una acción del Poder Ejecutivo Nacional que compromete la imparcialidad e independencia del presidente Macri” a la hora de definir un diferendo entre provincias, afirmó el Poder Ejecutivo Provincial en una declaración que emitió a poco de conocerse el resultado del laudo presidencial.
“Resulta jurídicamente imposible la culminación del proceso abierto bajo la órbita de su competencia”, sostuvo el PEP en esa declaración. “Oportunamente se lo recusó y se recurrirá a la vía judicial en estas instancias por haberse agotado la vía administrativa”, anticipó.
“Lamentamos que el Presidente no haya decidido apartarse del juzgamiento y resolución del diferendo generado por la aprobación de Portezuelo del Viento como se planteó oportunamente, optando directamente por violentar los principios más elementales del debido proceso en perjuicio de la provincia de La Pampa y de cada uno de los pampeanos”.
El presidente Macri “ha sobrepuesto por encima de las garantías constitucionales de las que todos los habitantes deben gozar”, los intereses “de una sociedad política concertada entre la Nación y Mendoza”.
“La actitud asumida -por el presidente Macri-, parcial y direccionada hacia los intereses de la provincia de Mendoza, en desmedro y perjuicio de nuestra provincia, es insostenible sin vulnerar la Constitución Nacional, y soslaya y pervierte el orden institucional de un organismo como Coirco”, sostuvo el gobierno pampeano. “Quien se arroga la facultad de emitir el laudo arbitral, es decir, de dirimir el diferendo planteado en el seno de dicho organismo de cuenca, adelantó opiniones, tanto suyas como de sus funcionarios; dio instrucciones en sentido aprobatorio de la obra e incluso, en su reciente visita a Mendoza, hizo pública su posición”.
“Sabemos que, encubiertamente, el propósito de Mendoza y ahora del Estado Nacional, es manejar el agua a su antojo”, disparó La Pampa. Esta circunstancia “no permitirá el desarrollo productivo de la provincia de La Pampa ni de ninguna de las integrantes de la cuenca del río Colorado, a excepción, claro está, de Mendoza. Poniendo en jaque, a su vez, el natural uso del agua como derecho humano fundamental”.
Una burla.
La resolución conocida ayer “no es más que una burla a la historia y a la inteligencia de los pampeanos”, dice el comunicado gubernamental. Una decisión “esperable y lógica cuando proviene de la provincia de Mendoza, ya que la historia lo prueba; pero sorpresiva y artera cuando llega de quienes conducen los destinos de una nación democrática y federal en la que, todos y cada uno de sus Estados miembro, deberían partir en pie de igualdad”, contrastó.
Para el gobierno provincial, “el presidente Macri se ha convertido en juez del conflicto. Juez y parte, tal como la provincia de La Pampa viene sosteniendo y denunciando, siempre a través de un accionar conducido por los carriles de la legalidad y la institucionalidad”.
“Entendemos esta lucha como de todos y cada uno de los pampeanos. Así la hemos asumido, como una cuestión de Estado, con la participación de la sociedad en su conjunto y de las instituciones intermedias que entienden en la materia”.
El gobierno pampeano invitó a todas las fuerzas vivas, a la Cámara de Diputados de nuestra provincia, a los legisladores nacionales de todas las representaciones, “a alzarse en defensa de nuestro río y en salvaguarda de los intereses más sensibles de todos los pampeanos”.
Por último, anticipó que acudirá como Poder Ejecutivo “ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de nuestros derechos sobre el río Colorado”, con el respaldo y la fuerza de las instituciones más representativas de la provincia.
