EL GOBIERNO DE CARLOS VERNA PREPARA UNA NUEVA ACCIÓN JUDICIAL
Hernán Pérez Araujo es el procurador general de Rentas de la Provincia, y firmante junto al gobernador Carlos Verna y el fiscal de Estado, José Vanini, de la nota enviada el martes al presidente Macri, repudiando sus dichos en Mendoza a favor de la obra de Portezuelo.
“Los plazos para que el presidente Macri laude sobre la construcción de Portezuelo, vencieron en octubre del año pasado, momento en el que trascendió que ello ocurriría después de los comicios de ese mes, lo que tampoco ocurrió. Y la provincia de La Pampa solicitó la recusación del jefe del Ejecutivo Nacional por considerarlo decididamente a favor de Mendoza”,explicó el procurador.
Dicha postura de Macri quedó patentizada el martes, cuando el presidente sostuvo en esa provincia cuyana, a la par del gobernador de ese Estado, Alfredo Cornejo, sobre la obra de Portezuelo que: “no vamos a parar hasta ponerla en marcha”.
Esta nueva definición de la postura pro-Mendoza hizo que el gobernador pampeano Carlos Verna le remitiera una nota a Macri repudiando su comportamiento “parcial” en torno a la controvertida obra que no cuenta con el aval de La Pampa en el seno de Coirco.
Pérez Araujo añadió: “Nosotros le pedimos ahora (a Macri) el pronto despacho sobre el laudo que, según la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, en 30 días se tiene que expedir (ante le pedido pampeano de que se aparte y deje que laude la Corte Suprema). Si no se expide, ese silencio se considerará como negativa”.
De ocurrir esto, La Pampa avanzará con una causa ante la misma Corte. “Estamos en una instancia administrativa que en el tema de la recusación lo daríamos como agotado con la resolución que adopte el presidente, o con su silencio, e iríamos a la Corte con una demanda autónoma”.
Esta sería la tercera demanda que por temas hídricos el Estado pampeano tendría contra el gobierno central: la iniciada por el tema del Atuel (por considerarse a Nación como la tercera citada) y el amparo por el Comité del Desaguadero.
Hasta ayer al mediodía en Provincia no habían recibido ninguna notificación de Nación. “La nota se adelantó el martes vía correo electrónico y el miércoles (ayer) ingresó a la Casa de Gobierno con sello de Mesa de Entrada de Presidencia a las 10 de la mañana”.
A partir del martes 9 comienzan a correr los 30 días hábiles administrativos (pronto despacho), para los que no cuenta la feria judicial de enero. A fines de febrero expirará el plazo para que Macri tome una determinación con el laudo.
“Planteamos el pronto despacho como una medida para que el Presidente se expida sobre la recusación. Entendemos que no puede emitir opinión y si rechaza la recusación no podría emitir laudo en esta instancia porque no están dadas las condiciones, como que no se hizo el estudio de impacto ambiental”, puntualizó Pérez Araujo.
