BERHONGARAY EN CONTRA DE JUECES QUE RETRASAN CAUSAS
El diputado Martín Berhongaray (Frepam) presentó ayer en la Legislatura pampeana un proyecto de ley sobre “Etica en el ejercicio de la función pública” para que se establezca en la provincia una serie de condiciones que se apliquen a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado provincial y municipal.
“La conducta honesta e íntegra de los servidores públicos se erige en factor esencial para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones, representando un instrumento clave para elevar la calidad de la política y la gestión pública”, fundamentó el legislador.
Además de proyectos pampeanos y normativas de otras provincias como Chaco, Chubut, La Rioja, Río Negro y Corrientes, entre otras, Berhongaray planteó la iniciativa en base a la Ley 25.188 denominada “Ley de Ética de la Función Pública”, que fue sancionada en 1999 por el Congreso.
La propuesta establece una serie deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñan en la función pública pampeana, en todos sus niveles y jerarquías en cualquiera de los tres poderes del Estado, tanto provincial como municipal.
Por otro lado, Berhongaray propuso crear la Comisión Provincial de Ética Pública que funcionará en ámbito de la Cámara de Diputados para investigar supuestos de violaciones a los deberes y al régimen de incompatibilidades éticas.
Incompatibilidad.
En la iniciativa, se propone que “ninguna persona podrá desempeñarse en más de un empleo, cargo o función pública remunerada, cualquiera sea su categoría, dentro del ámbito del Estado provincial. Es incompatible el desempeño de cualquier cargo, empleo o función en el ámbito provincial con otros remunerados del ámbito nacional o municipal”.
“No podrá ser nombrado para desempeñar cargos públicos, no electivos, aquella persona que al tiempo de decidirse la designación estuviere condenada por la comisión de un delito contra la administración pública, mientras perduren los efectos de la sentencia”, indicó Berhongaray en el articulado.
Justicia.
El diputado también puso el ojo en la justicia, al proponer que “será considerada falta grave e incumplimiento de los deberes a su cargo, entre otras, la inacción de los integrantes del Poder Judicial que posibilite la declaración de prescripción o haga incurrir en demora injustificada o retardo de justicia, en todas aquellas causas en las que se investiguen y juzguen delitos contra la administración pública”.
En el articulado, se plantea que “quienes desempeñen un alto cargo están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a cualquier empresa en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna participación, su cónyuge o persona de su familia. La inhibición debe materializarse por escrito de modo de dejar adecuada constancia, y notificarse al superior inmediato del alto cargo u órgano que lo designó”.
“Se consagra y garantiza el derecho de los ciudadanos al control del comportamiento ético en el ejercicio de la función pública, constituyendo un deber a ser ejercido con responsabilidad y estricta sujeción a las normas de orden público”, fundamentó el legislador del radicalismo.
