UNA ESPECIALISTA ADVIERTE POR LA MALA NOTA DE NUESTRO PAÍS EN ESTA MATERIA
“Si el gobierno nacional quiere atraer inversiones, debería prestarle atención a lo que está sucediendo en el oeste pampeano”, advirtió una joven licenciada que investigó las violaciones a los DDHH que supone el corte del río Atuel.
“En el oeste pampeano hay una violación a tratados internacionales de Derechos Humanos que el gobierno argentino se comprometió a respetar”. La frase pertenece a Ana Lucía Figueroa Martín, una joven santarroseña que obtuvo su título de licenciada en Relaciones Internacionales con una investigación sobre la participación de organizaciones no gubernamentales como la Fundación Chadileuvú en ámbitos judiciales internacionales. Los pactos internacionales que Argentina incumple en el oeste pampeano “son varios” y algunos de ellos tienen mucho peso en la comunidad internacional. “Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de la ONU, por ejemplo”, indicó. “Si Argentina quiere mejorar su imagen para atraer inversiones, debe prestar atención a lo que ocurre en nuestra provincia”, remarcó.
El miércoles 15 de noviembre, Ana Figueroa brindó en la Fundación Chadileuvú su primera exposición pública como licenciada en Relaciones Internacional, título al que accedió en octubre con un trabajo sobre “Canalización de conflictos intraestados en organismos internacionales – La demanda pampeana por la recuperación del río Atuel y la acción de la Fundación Chadileuvú en el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos”.
Ante los integrantes de la Fundación, la joven prefirió buscar otro tema que exponer ya que “era un poco raro hablarle a la Fundación Chadileuvú sobre los aportes realizados por la Fundación Chadileuvú en ámbitos internacionales para recuperar el río Atuel”, contó a LA ARENA la flamante profesional, entre risas.
La alternativa fue “hacer un repaso de la legislación internacional que nuestro país está violando al no solucionar la crisis ambiental y humana que ocurre dentro de su territorio”, comentó. Se trata de una sucesión de incumplimientos que no solo afectan a la población del lugar sino que impacta directamente en la imagen que el país proyecta hacia el extranjero.
La exposición fue seguida con interés por los integrantes de la Fuchad, que pudieron apreciar con orgullo cómo sus acciones tienen impacto en el escenario internacional y sientan precedente a favor de la recuperación del río Atuel.
Esta línea argumental se suma a la ya planteada por La Pampa en el juicio entablado en el año 2014, que se fundó en señalar la violación al ecosistema que implica el uso unilateral y abusivo del río Atuel por parte de la provincia de Mendoza. El fallo de la Corte Suprema del viernes 1 de diciembre ratificó esa línea conceptual basada en el respeto al ecosistema y a una concepto abarcativa, pero también hizo referencia al respeto a los Derechos Humanos.
Imagen internacional.
“En un país con una historia de violación de Derechos Humanos tan fuerte como la que todos conocemos, esta situación no nos ayuda en nada”, advirtió Ana Lucía en una entrevista con LA ARENA. “El respeto a los Derechos Humanos es un elemento al que la comunidad internacional presta más atención cada día, y el hecho de que esta situación perviva y no se vean acciones concretas para solucionarla, no ayuda a nuestra imagen internacional”.
A juicio de la joven, si nuestra provincia -sea a través del gobierno o de organizaciones civiles- logra instalar este tema en alguna agenda internacional, el Estado argentino se verá obligado a fomentar acuerdos para el uso compartido del río y la solución a la crisis social. “El antecedente en el Tribunal Latinoamericano del Agua es muy fuerte”, indicó. Aunque sus veredictos no son vinculantes, el TLA está habilitado para promover acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esos son palabras mayores. “Seguramente es una opción que se está analizando y que se concretará en el momento propicio, si es que no hay cambios en el uso del río Atuel”, especuló.
Otro actor autorizado para llevar una demanda ante la CIDDHH es el Estado argentino, pero las posibilidades de que el Estado denuncie una violación de la que él mismo es partícipe, obviamente que son inexistentes.
Figueroa advirtió que “la comunidad internacional organizada presta cada vez atención al respeto a los Derechos Humanos, y ese es un dato que el gobierno nacional debería registrar, máxime teniendo en cuenta nuestra historia reciente”. Argentina ha suscripto varios pactos internacionales referidos a los Derechos Humanos, pero a diferencia de otros países, los incorporó a la Constitución Nacional en la reforma constitucional del año 1994, con lo cual redobló su compromiso con esos acuerdos. “Si el gobierno nacional presidente quiere mejorar esa imagen para atraer inversores, va a tener que mirar hacia el río Atuel”, definió.
A juicio de Figueroa, los pactos que Argentina está incumpliendo con la violación de los Derechos Humanos a los pobladores del oeste pampeano son al menos cinco, algunos de ellos de mucho peso internacional. En esa nómina, la joven mencionó la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José, suscripta en la ciudad de San José de Costa Rica, entre el 7 y el 22 de noviembre de 1966; el estatuto fundacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Todos ellos revisten jerarquía constitucional y están contemplados en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución nacional argentina. A ellos se suman los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones Unidas, que tanto la gestión de Cristina Fernández como la de Mauricio Macri han apoyado en forma explícita.
Desarrollo Sostenible.
La declaración que ahora se conoce como Objetivos del Desarrollo Sostenible es una versión actualizada y más realista de los Objetivos del Milenio que planteó años atrás Naciones Unidas y que lejos estuvieron de cumplirse. “Se dieron cuenta que no llegaron, que no los cumplieron, pero hay una voluntad de ONU de alcanzarlos, y los renovaron”, explicó Figueroa.
En la versión actualizada, Argentina también acumula varios incumplimientos. “Yo encuentro que el Estado está en falta en los objetivos 6, 12 y 15”, precisó.
El objetivo 6 apunta a “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, a “lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sustentabilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua”. Este objetivo se propone también “reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos, apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento”.
El objetivo 12 parece dirigido especialmente a Mendoza: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles: lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales”.
El objetivo 15 habla especialmente de la desertización, un fenómeno que en el oeste pampeano se ve agravado por la falta de un escurrimiento constante del río Atuel. Dice “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones”. El objetivo incluye las metas de “procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo, adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza, movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas”.
El impacto de estos compromisos en nuestro oeste pampeano es contundente. De no lograrse metas concretas a partir del fallo del 1 de diciembre, estas violaciones a los Derechos Humanos podrían ser otra estrategia defensiva de La Pampa ante el avasallamiento de Mendoza.
