La información que publicó la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, respecto del grado de cumplimiento patrimonial por parte de rectores, decanos y secretarios de universidades publicas nacionales, fue refutada por la UNLPam. Inicialmente en redes sociales y luego por los medios de prensa, trascendió que en la UNLPam y otras cuatro universidades nacionales “casi ningún funcionario presentó declaración patrimonial”.
Por otro lado, se consignaron dos cumplimientos de un total de 106. Sin embargo, según informó la UNLPam, los datos emitidos no se corresponden con las presentaciones de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de la totalidad de las autoridades aludidas.
Ello se apoya en la información obrante en la UNLPam y en los listados de la misma Oficina Anticorrupción, que son accesibles públicamente en su página web. En la misma se identifican 53 DDJJ como “transmitidas”. En ese sentido, si se agregan las dos del listado que la OA identifica como “cumplidores” resultan un total de 55 DDJJ presentadas por los funcionarios de la UNLPam. “La información con que cuenta la UNLPam demuestra que, en todos los casos, fueron presentaciones realizadas en término”, mencionaron.
Respecto del listado de 51 incumplidores, obrante en la página de la OA, se trata en todos los casos de ex funcionarios que cesaron antes de iniciado el periodo de análisis -dejaron de ser autoridad UNLPam en el año 2015- o con anterioridad. “No obstante, la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría Económico Administrativa de la UNLPam se encuentra abocada al análisis de detalle del circuito de la información relacionada”, finalizaron.
La ADU: más dura.
Desde la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa (ADU) repudiaron las declaraciones de Laura Alonso. Destacaron que los propios números que publica el organismo nacional lo desmienten, al menos en el caso de la UNLPam.
“Este intento de escrache que encabezó Alonso no tiene otro objetivo más que desacreditar y sembrar un manto de dudas sobre las universidades de nuestro país”, sostuvo el gremio. Y agregó que “esto se suma a los embates judiciales por supuesta malversación de fondos en una causa que impulsa el fiscal Guillermo Marijuán”.
Por último, ADU definió como “desprecio” el accionar del Gobierno nacional sobre la educación, y en particular las universidades públicas y gratuita.
