Una chica relata, en una causa judicial, su vida en el cabaret “El Amanecer” de General Acha. Un hombre y una mujer fueron condenados. El juez Pablo Díaz Lacava apuntó al “fracaso del Estado” en su fallo.
Sabía que las otras chicas tenían relaciones. Me enteré de que estaba prohibido, sabía que estaba mal, que era menor. Pero no me quedaba otra opción”. La mujer, que tenía 16 años cuando llegó al cabaré, brindó su testimonio en agosto, en el juicio al dueño y a la encargada de “El Amanecer”, el local nocturno de la Ruta Nacional 152 a la altura del kilómetro 28.
Su declaración, junto a las de otras tres mujeres, víctimas, fue clave para que condenaran a cuatro años de prisión a Héctor Mario Molina y a una mujer dominicana, Julia Gil Solano. El delito cometido es acogimiento y recepción de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación del comercio sexual, agravada por ser más de tres las víctimas.
Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2010 y junio de 2012 en esa localidad del sur pampeano. La sentencia la firmó el pasado 23 de agosto el juez del TOF Pablo Ramiro Díaz Lacava.
Durante el debate intervinieron el fiscal Jorge Ernesto Bonvehí y el abogado defensor Gastón Gómez, que había pedido la absolución. Expresó que todas las mujeres concurrían por su propia voluntad para ejercer como alternadoras y que algunas ya contaban con libreta sanitaria. Dijo que su defendido no entendía que estaba prohibido y que las chicas solo “le tiraban algo” de dinero.
En el caso también estuvieron investigados la exintendenta María Elena García, el exsecretario de Gobierno Luis Javier Bassa y el juez de Faltas Sebastián Sancho. Sin embargo, la Justicia Federal los sobreseyó porque habilitaron el local como “cabaré”, un lugar donde se sirven copas y se baila, pero no se pudo probar que hayan sabido que allí funcionaba un prostíbulo.
Una menor en el cabaré
A.C.G., que actualmente ya cumplió la mayoría de edad, declaró en el juicio por videoconferencia. Contó que, al tener 16 años, dos chicas de San Juan que ejercían la prostitución le prestaron el dinero para que viajara junto a su hijo de tres meses hacia la localidad, a fin de ser prostituida. Si bien no recordó el nombre del local, sí lo hizo con los nombres de pila de los imputados, sobre quienes no tuvo más que palabras de agradecimiento.
Afirmó que por ese entonces no tenía qué darle a su bebé y que al haber escuchado en la casa de un conocido a las chicas lo que harían, les preguntó si podía ir y ellas le ofrecieron venir a La Pampa. Dijo también que la dejaron “abandonada” cuando los dueños le dijeron a una de ellas que no podía trabajar por no llevar documentación.
Relató que ella no trató con nadie, sino que solo la invitaron, ya que no contaba siquiera con el dinero del pasaje, que le prestaron el dinero y que luego Molina le volvió a prestar para cancelar su deuda con ellas. Ambos de alguna manera la ayudaron, afirmó, porque las otras chicas la dejaron “abandonada”. “Me prestaron para el pasaje y todo eso. Me invitaron a ir a una casa, donde había más chicas, me quedaba ahí en la casa y el lugar quedaba en otro lado”, contó.
No recordó cuántos días estuvo allí, pero sostuvo que no fue mucho tiempo. Había viajado con una partida de nacimiento falsa, que ella misma adulteró para poder viajar, para lo cual cambió el año de su nacimiento, ya que siendo menor no la dejarían viajar.
“De hecho, cuando llegué, Mario y Julia me pidieron que llevara los certificados de la Policía, de salud. Nadie sabía que yo era menor. Fui al hospital, me sacaron sangre, me hicieron ir al ginecólogo, un control, me dieron la libreta sanitaria”, prosiguió.
Relató que las chicas que la invitaron se “enojaron” con los encargados del local porque no las dejaron trabajar sin documentación y que por eso empezó el “problema”, ya que aquellas fueron quienes llamaron a la Policía porque sabían que era menor.
Declaró que nunca hizo pases, que sí tomaba alcohol y que por las copas que consumían los hombres, ella cobraba. Dijo que a la “güisquería” concurrían la Policía y bomberos y que pedían documentación de las chicas y revisaban “que tuvieran las cosas como tiene que ser, legalmente”.
Respondió que no sabía si las otras chicas tenían relaciones, que en algún momento se enteró de que “estaba prohibido”, sabía que “estaba mal”, que ella “era menor”, pero que no le “quedaba otra opción”. Que en ese entonces era común ver cabarés por todos lados, también en San Juan. Que sabía que se prostituían pero que no lo hacían dentro del local, que si alguien quería estar con una chica le pagaba y se iba.
Dijo que nunca fue obligada a nada por Molina y la mujer y que ellos la ayudaron con su hijo, que llegó sin nada y ellos la ayudaron en todo, incluso llevándole a la comisaría leche, pañales y yogur cuando se descubrió que era menor.
Otra víctima
Otra víctima, oriunda de Misiones, declaró que se desempeñó como alternadora y que también efectuaba pases con las personas que iban al local. Dijo que recibía el 50% de las copas y de los pases, y que para ellos tenían una piecita atrás con un cartel que decía privado. Vino a la provincia por una cuestión económica, junto a su hijo menor de edad.
También se refirió a las libretas sanitarias, que dijo renovaban cada seis meses (luego dijo tres) y que para ello se hacían análisis en un laboratorio privado. En igual sentido que A.C.G., recordó los controles que se efectuaban, afirmó que por ello las libretas sanitarias siempre permanecían en el local, en el que trabajaba desde las 12 hasta que cerrara, cerca de las 5 de la mañana, y negó haber recibido golpes o maltratos.
Afirmó que hacían los pases si querían. Que cobraba cuando terminaba la noche y que al local lo atendían el hombre y la señora. Con relación a los pases, para mantener relaciones sexuales con eventuales concurrentes al local, refirió que le pedían a la señora y ella las llamaba, o directamente a ellas.
En similares términos se expresó otra mujer, una santarroseña que también declaró que en el lugar le sacaban el 50% de lo que se cobraba. Sostuvo que ella fue sola a trabajar al lugar y que ni siquiera conocía el nombre de los dueños.
Recordó que se tomaban copas y que había una habitación a la que pasaban para realizar los pases, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Les alquilaba una habitación a los dueños, donde permanecía por 15 días aproximadamente para trabajar en el local, debiendo dejar a su hijo menor de edad con sus padres.
Finalmente, también expuso que habría cinco o seis chicas en total cuando ella estuvo en el local, y que creía que eran dominicanas.
El fracaso del Estado
El juez del TOF Pablo Lacava valoró el testimonio de la menor para comprobar que había prostitución en el local “El Amanecer”, de Acha, y que los dueños se aprovechaban de la vulnerabilidad de la menor, más allá de que no fuera prostituida. “El énfasis expuesto para agradecer a quienes sacaron provecho económico de su situación de extrema vulnerabilidad cuando apenas tenía 16 años de edad y un bebé de tres meses a su cargo a quien no tenía qué darle, aun en la hipótesis que desconocieran su edad, permitiéndole alcoholizarse durante la noche en el local donde obtenían provecho por la prostitución de las mujeres que recibían en similar situación de vulnerabilidad, observados los sucesos a más de cinco años aproximadamente de aquellos hechos, solo deja en descubierto el fracaso de las Instituciones y políticas de Estado”, admitió.
Esos organismos, prosiguió el magistrado, “debieron estar presentes para que tuviera otra opción, según sus palabras, pero además, se iniciase un proceso de reempoderamiento que le permitiera no solo salir de la extrema vulnerabilidad en que se encontraba sino también interiorizar el hecho que vivió y quienes intervinieron para que ello así ocurriese, ciertamente todavía invisibilizado por la propia -ahora- adulta”.
